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Droga e inseguridad; los flagelos que llegaron a San Luis este año para instalarse

Son los dos grandes problemas que tomaron rienda suelta y que mantienen en alerta a la sociedad puntana.

La droga y la seguridad son cuentas pendientes de la gestión de Alberto Rodríguez Saá en medio de un contexto donde la institución policial está en crisis.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 28/12/2018 14:38
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La inseguridad llegó para quedarse y no es solo una sensación; los hechos terminaron demostrando que la situación es grave y que no hay control. No hay una política que parezca estar dando resultados, no se sabe de qué manera trabaja el Estado para para dar control a un problema que antes no existía.

La presencia de la droga es otro flagelo que ya no se puede ocultar, que alcanzó una expansión evidente y que va tomando identidad no solo en los barrios más vulnerables, sino también hasta en los pueblos más chicos.

Son cuentas pendientes de la gestión de Alberto Rodríguez Saá en medio de un contexto donde la institución policial está en crisis.

En julio asumió el tercer ministro de Seguridad de su gestión, Diego González, quien llegó acompañado de uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador: el comisario General, Fabricio Portela. Su designación generó una grieta de la que todos hablan en voz baja, y sus decisiones (que dejaron mucho para contar en la etapa final del año) cavaron hondo dentro de la fuerza, tanto que el alejamiento del subjefe de Policía, Claudio Latini, fue el final anunciado.

El evidente crecimiento de la inseguridad y el avance de la droga, que hasta fue expuesto públicamente por integrantes de la Iglesia Católica, muestran que la política de Estado hace agua.

La reacción más reciente de la Policía fue forzada a partir de la preocupación que expuso un grupo de comerciantes. Así fue que el centro se volvió a poblar de policías, pero la solución no llegó a la periferia donde el robo de motos y los asaltos callejeros están a la orden del día.

Los hechos son el reflejo de que la seguridad está vulnerada y que los vecinos están en alerta, sin protección. Los dueños de los negocios se movilizaron a partir de los tres asaltos a mano armada que ocurrieron a las afueras de la ciudad en una misma semana. Al mismo tiempo las calles fueron escenario de situaciones alarmantes. Los motochorros salieron a atacar también con revólveres y en dos hechos diferentes golpearon y privaron de la libertad a tres jubilados para robarles todo.

A lo largo del año el delito creció a la sombra de una Policía desnuda, sin recursos. Un dato extraoficial marcó que en la ciudad de San Luis solo había 5 móviles operativos para patrullar. Conociendo ese dato se puede llegar a entender por qué el delito ataca del mismo modo en cualquier barrio de la capital, inclusive en pleno centro.

Los robos siempre repercutieron en las redes sociales, porque ese medio eligieron las víctimas para expresar dolor e impotencia. En varios casos de los que se hicieron públicos, los damnificados fueron testigos de los pocos recursos que tiene la Policía para actuar ante las emergencias: relataron en más de una oportunidad que tuvieron que trasladar a los agentes en sus autos particulares para que constataran los delitos. Y todo eso porque “no hay móviles disponibles”, porque están rotos o porque no hay dinero para el combustible.

Que la droga creció es una afirmación que se sustenta con datos. Primero fueron algunos sacerdotes los que salieron a exponer cómo día a día el flagelo se apoderaba de los jóvenes a la luz de todos, de una manera casi descontrolada.

“La droga está por todos lados; lo que hacemos es prevenir”, dijo en su momento el padre Alan Sosa Tello de la Parroquia San Roque reconociendo así un panorama que no escapa ningún rincón de la provincia.

En el último tiempo, las iglesias comenzaron a ser un centro de contención para sacar a los chicos de la calle. Alrededor de eso es inevitable ver que la droga pasa, se extiende y se instala donde falta todo, donde las familias son humildes.

“Es preocupante. Me parte el alma ver la droga en los niños y adolescentes”, declaró el padre Diego de la Iglesia María Auxiliadora del barrio Eva Perón. El pedido de ayuda de algunas madres generó un acercamiento al sistema público de salud para lograr algún tipo de asistencia. Nunca se supo si pudieron lograrlo y salvar a sus hijos de un mundo que les duele.

Después, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) dio a conocer un informe que terminó de confirmar un problema ya instalado en la sociedad puntana: “En San Luis existen zonas vulnerables desprovistas de acceso a servicios asistenciales, especialmente la región norte y noroeste”.

Se conoció así que la provincia “no cuenta con estadísticas ni investigaciones” que permitan medir el crecimiento de la droga y dónde es urgente intervenir. No hubo en todo este tiempo una predisposición del Gobierno de Rodríguez Saá para trabajar en conjunto con la Nación.

Con el estudio se supo que en la población puntana (comprendida entre los 16 y 65 años) las sustancias psicoactivas con mayores niveles proporcionales de consumo en el último año son las bebidas alcohólicas (65,6%). Después se ubican otras sustancias ilícitas (pasta base, éxtasis, inhalables, opiáceos y anestésicos, anorexígenos, crack y alucinógenos) en 1,7% y la marihuana, en 1,4%.

Así se planteó que “la provincia registra la edad de inicio más elevada en el consumo de solventes e inhalables, y es una de las más elevadas en el consumo de cocaína”.

A nivel provincial, el Centro de Prevención y Asistencia de Adicciones (CPAA) es el único organismo público que atiende los casos de toda la provincia, y también alarmó cuando habló de números. Planteó que en 2018 las cifras habían “aumentado”: recepcionaron 10 consultas por día.

El “policonsumo” (adicción de varias sustancias) es el trastorno que más predomina en San Luis, lo que representó (de acuerdo a los casos detectados) un 46,7% entre los pacientes.

La adicción a la cocaína se ubicó en el segundo lugar en un 23,9%; después el alcohol en un 10,7%; los sedantes e hipnóticos en un 9,6% y finalmente la marihuana en un 8,6%.

En este tiempo los legisladores de la oposición hicieron presentaciones para conocer detalles de las dos problemáticas. Entre otros, por ejemplo, intentaron saber cuál es el recurso con el que cuenta la Policía en toda la provincia, y además qué hace para combatir el narcotráfico.

Como dato coronación, el ministro de Seguridad consideró recientemente que la detención de 25 personas fue un “récord” en la lucha contra el narcotáfico.

En sus declaraciones expuso que esa cantidad ocurrió en lo que lleva de gestión al frente de la cartera.

Dijo que el esfuerzo “es palpable y se puede apreciar por los resultados”; y que además por eso se sentía “muy orgulloso”.

El discurso oficial va a contramano de los hechos. En 2017 mientras se ampliaban las partidas de la publicidad oficial, a la División de Lucha contra Narcotráfico se le recortaba el 70% del presupuesto.

El senador Nacional por Avanzar, Claudio Poggi advirtió que “San Luis padece como nunca el flagelo de la inseguridad, y está vinculada con la droga”.

El ex gobernador viene planteando desde hace rato que “hay una zona liberada para la droga” en San Luis, y que cuando recorre los barrios periféricos o diferentes pueblos se puede ver la consecuencia directa de eso: “Nuestros jóvenes se nos están enfermando, son víctimas de eso. Hay vendedores de droga y se ha multiplicado el ingreso a la provincia”.

El bloque de Diputados de Unidad Justicialista encolumnados detrás de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá al momento de dar explicaciones sobre la crisis de seguridad, se abroqueló y mantiene el blindaje del Gobierno.

Más de una docena de pedidos de informes y una interpelación al ministro de Seguridad, Diego González impulsados por el interbloque de Diputados Avanzar y Cambiemos por San Luis fueron frenadas y archivados en la Cámara de Diputados.

No hubo respuestas en el ámbito legislativo como tampoco a los medios de comunicación. En el área Seguridad, el Gobierno montó un cerco y no hay posibilidad de acceder a información sobre cuáles son las políticas, las medidas y la situación de la fuerza de seguridad.

La conducción policial pudo mostrar cuál son las prioridades y las urgencias cuando se trata de casos que parecieran estar emparentados con el poder. En la causa bautizada desde Terrazas del Portezuelo como “Operación Hereford” en la que un empresario ganadero denunció a un productor y sus empleados por abigeato, se pudo ver cómo se concentraron recursos económicos, personal y toda la infraestructura disponible para exhibir resultados. Fue un despliegue sin precedentes que incluyó un avión, alquiler de vehículos y el seguimiento personal del ministro y el jefe de Policía.

Pero hay otra cuenta pendiente del Gobierno que constituye una situación muy grave. Se dio a conocer que hay “un centro de escuchas telefónicas ilegales” que funcionaba en la calle General Paz de la ciudad de San Luis para seguir los movimientos de políticos, jueces y periodistas. Un abogado que interviene en el expediente “Operación Hereford” dio cuenta que conversaciones con su cliente habían sido interceptadas.

Termina el 2018 y el Gobierno de Rodríguez Saá se muestra convencido del rumbo por el que va. La realidad muestra que la droga y la inseguridad figuran entre las principales preocupaciones de los sanluiseños.

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