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Detuvieron a un piloto acusado de liderar una banda que evadió $860 millones con facturas truchas

Se trata de Ariel Balmaceda, principal imputado en la causa por evasión fiscal.

FOTO: JORGE CASTRO
El fiscal Federal, Cristian Rachid confirmó que en principio Balmaceda es “el jefe organizador” de la banda.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 29/12/2018 04:54
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Esta semana la denuncia por “asociación ilícita fiscal” registró un nuevo avance porque el piloto fue procesado con prisión preventiva.

El fiscal Federal, Cristian Rachid confirmó que en principio Ariel Balmaceda es “el jefe organizador” de la banda.

Tras la denuncia realizada en marzo por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el piloto continuó emitiendo facturas apócrifas hasta agosto, señaló ayer el fiscal en declaraciones a los medios.

La facturación ilegal asciende a $1870 millones. A partir de allí se estima que el “crédito fiscal espurio comercializado” son “aproximadamente $360 millones, en tanto que la evasión al impuesto a las Ganancias es de $580 millones”. De ello se desprende que el perjuicio fiscal es alrededor de los $860 millones, indicó.

Desde la fiscalía solicitaron el llamado a indagatoria de 35 personas, de las cuales 12 pertenecen al mundo del automovilismo deportivo.

Según Rachid, la función de Balmaceda se centralizaba en “tareas administrativas” con el objetivo de “generar contribuyentes apócrifos y comercializar las facturas”.

En la provincia era asistido por cuatro personas que se desempeñaban en su oficina y por familiares que “actuaban como intermediarios”.

“Se habían generado contribuyentes apócrifos, es decir, personas jurídicas que no existían o personas físicas que declaraban una actividad que no llevaban a cabo”, apuntó Rachid y agregó: “Esto se producía al solo efecto de emitir las boletas y luego pasar el crédito fiscal generado para que terceras empresas, que si tenía una actividad real, descuenten sus impuestos”.

Se estima que esta metodología comenzó en 2014, aunque no se descarta que haya arrancado antes.

En total detectaron 65 empresas o personas jurídicas “fantasmas” que nunca tuvieron actividad declarada y están involucradas en el circuito. En cuanto a los clientes, quienes adquirían las facturas, son 1937 distribuidas en diferentes puntos del país.

También realizaron 50 allanamientos que se distribuyeron en San Luis, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.

Justamente de esas operaciones se logró rescatar información digital alojada en computadores y documentos en papel que sirvieron para llegar a esta instancia.

El delito que se le imputa a Balmaceda prevé una pena de 5 años de prisión.

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