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El uso la prisión preventiva en la agenda de la Corte Suprema

Si bien en el acuerdo del último miércoles fuentes judiciales consultadas por Télam aseguran que no se discutió la agenda para principios de 2019, en las vocalías ya tienen sus listados con las causas que están en condiciones de contar con una definición.

Entre los fallos más esperados estará aquel en el que la Corte definirá la constitucionalidad de la llamada "Doctrina Irurzun"
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 30/12/2018 10:17
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La Corte Suprema de Justicia tiene previsto definir el año que viene la agenda de fallos pendientes para el primer trimestre, entre los que destacan el uso de la prisión preventiva y si la cadena de farmacias Farmacity puede instalarse en la provincia de Buenos Aires, entre otros temas.

Entre los fallos más esperados estará aquel en el que la Corte definirá la constitucionalidad de la llamada “Doctrina Irurzun”, basada en el voto del camarista Martín Irurzun, que en 2017 mandó a prisión al ex vicepresidente Amado Boudou y al ex ministro de Planificación Julio De Vido, que no tenían sentencia firme, por considerar que podían entorpecer la investigación con sus “relaciones residuales con el poder”.

También se espera con expectativa que la Corte falle sobre si Farmacity puede instalarse en territorio bonaerense, dando por tierra con la normativa provincial que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas. El expediente Farmacity ya tuvo instancias centrales, como la presentación de los amigos del tribunal (amicus curiae) y los alegatos de las partes en noviembre pasado, con lo cual sólo resta que la Corte defina sobre la cadena que dirigió el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

La tragedia del colegio Ecos, en el que murieron nueve estudiantes y una maestra, podría reabrirse si la Corte hace lugar a un recurso extraordinario pedido por los familiares para que se levante la prescripción y se juzgue a los responsables. El principal imputado es el chofer del micro, Oscar Atamañuk, quien fue absuelto en primera instancia, condenado luego a tres años, pero absuelto luego por fallas procesales, y finalmente condenado a dos años y medio y cinco de inhabilitación para conducir.

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