Qué dice el proyecto del Gobierno para bajar a 15 años la edad de imputabilidad
El régimen se aplicará para aquellos jóvenes que cometan homicidios, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.
El Gobierno busca avanzar con la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil y confeccionó un proyecto que será enviado al Congreso en las sesiones extraordinarias que Mauricio Macri convocará en febrero. La iniciativa, que ya despertó críticas, busca bajar a 15 años la edad de imputabilidad para los delitos más graves.
Así lo establece en su artículo 2, que expone que aquellos menores que cuenten con 15 años se les aplicará el régimen cuando cometieren "algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal". Se trata de los delitos más graves, como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.
Varias organizaciones no gubernamentales y ONGs habían cuestionado este punto, por lo que el Gobierno habla, en el artículo 8, de una "justicia especializada" y aclara que el control de las medidas y la ejecución de las sanciones, "estarán a cargo de órganos con capacitación especial en el trato con adolescentes", según consignó Clarín.
Cárcel
El artículo 12 establece que la privación de la libertad "procederá como último recurso, de forma fundada, revisable y por el plazo más breve posible". A su vez, en el artículo 50 del proyecto, indica que el plazo máximo de prisión para un adolescente será de 15 años.
En este sentido, el Juez del caso podrá imponer lo que el artículo 29 llama "sanciones socioeducativas", como programas de formación ciudadana, capacitación laboral, cultural y deportiva. Por su parte, la prisión preventiva "no podrá exceder de un año".
En otro orden, para evitar la difusión de la identidad de los jóvenes involucrados en hechos criminales, el artículo 13 prohíbe que se informen los nombres de los participantes, sobrenombres, imágenes o datos de la familia.
El punto número 62 habla de un "Plan Individualizado" para cada adolescente, que "deberá contemplar aspectos sociales, educativos, recreativos y de salud".
De esta forma, si la ley llega a obtener luz verde en el Congreso, un menor de 15 años que cometa un delito con una pena máxima superior a los diez años de prisión deberá ser evaluado por un equipo interdisciplinario y a partir de esto dependerá su futuro.