Ponce: “Cuando los hermanos R. Saá llegaron al poder eran pobres y ahora son híper millonarios”

“Hace dos años se discutió en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que quedó congelado en el Senado para proteger a compañeros de banca, entre los que se encuentra Adolfo Rodríguez Saá”, sostuvo en el inicio del análisis que hizo Ponce a elchorrillero.com.

El presidente apeló a la vía de un DNU porque la ley impulsada por el Gobierno de Cambiemos está trabada en el Parlamento.

El intendente consideró que es “urgente” la aplicación del proceso civil de extinción de dominio “porque la pobreza no puede esperar más y uno de los factores principales que las genera, es la corrupción a través de la obra pública con las licitaciones, sobreprecios y negociados”.

“Recuperar esos bienes mal habidos por parte del Estado es también un acto de justicia social”, añadió el intendente.

Criticó que en medio de la decisión que dio a conocer Macri el lunes, “ya salieron voces de la oposición al oficialismo nacional, constitucionalistas, penalistas, especialistas y otros a decir que no puede implementarse mediante DNU porque es inconstitucional, que no se puede reglamentar por DNU porque es materia penal”.

“Pensemos que cuando hay un gobierno corrupto en el que se roba impunemente a la luz del día y frente a los ojos de todos los ciudadanos, siempre el principal perjudicado, es el sector más vulnerable”, aseguró.

Señaló que más allá de las formas legales, ya sea un DNU, el llamado a sesiones extraordinarias para su tratamiento, o el debate de una nueva ley, “no podemos seguir esperando más”.

Tras el dictado del decreto por parte de Macri, un sector del peronismo planteó tratarlo en extraordinarias, mientras el kirchnerismo cuestionó la decisión presidencial por “inconstitucional”.

Ponce trasladó el tema a San Luis: “La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: con el patrimonio de ellos a la vista (Alberto y Adolfo Rodríguez Saá), ¿es posible que solamente con sus salarios de funcionarios públicos lo hayan adquirido?”.

“La respuesta es obvia. Por eso ellos lo justifican diciendo que hicieron su fortuna porque son empresarios exitosos. Lo que no dicen, es que sus empresas las conformaron mientras fueron y son funcionarios públicos: Pincen SA, Nahuel SA, Catriel SA, Abril SA, El Diario de la República, sus Empresas agropecuarias, hoteles, gimnasios, etc”, puntualizó.

Agregó, “para los desmemoriados” que el gobernador y el senador Nacional “tuvieron tres denuncias por enriquecimiento ilícito”. Y recordó que “obviamente la Justicia sanluiseña, provincial y federal, las declaró prescritas y las archivó”.

En la misma línea nombró el caso del ministro Sergio Freixes, que pese a haber sido condenado por coacción agravada a 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, continúa en funciones. “Estos son los motivos por los que considero que no puede esperarse más para que salga la figura de la extinción de dominio”, finalizó.