Cacace sobre la extinción de dominio: “Un ex gobernador se construyó una mansión de $80 millones en Potrero”

Cacace sostuvo que la extinción de dominio es una institución relevante a la hora de recuperar los bienes del narcotráfico, la trata, el lavado de dinero y demás fuentes delictivas.

En este sentido fundamentó desde su intercambio de experiencias con jueces de Latinoamérica, particularmente de Colombia, que la medida “ha tenido éxito” y que significa una instauración muy efectiva, sobre todo porque actualmente los procesos penales son lentos y mientras tanto los delincuentes van utilizando esos bienes.

La extinción de dominio cambiaría esa perspectiva.

“La fortaleza que tiene es que es una acción autónoma del hecho de generarse un proceso a nivel civil de lo que es el proceso penal y permite recuperar con más celeridad los bienes. La idea de que podamos recuperar los bienes de la corrupción me parece fundamental. Es una acción ágil para hacerlo”, señaló.

En referencia a la falta de consenso para su aprobación aseguró que es algo que se viene debatiendo desde larga data en el Congreso, pero el problema es que “hay caciques provinciales, senadores que son ex gobernadores de provincias que no lo quieren aprobar porque no quieren perder el patrimonio que ha sido fruto de la corrupción que ellos han tenido como mandatarios”.

El jefe del bloque de diputados de la oposición se refirió a Adolfo Rodríguez Saá.

Es así que comentó que se llega a lo insólito de que son “los propios corruptos” los que se están encargando de votarlo y aprobarlo.

“Por eso es que yo he visto, en redes sociales por ejemplo, demandas ciudadanas que evidencian que la gente quiere que se apruebe, proponen que haya consulta popular para votarlo”, informó.

Según su interpretación es por este hecho que el presidente tomó la decisión del DNU, que de cualquier modo tendrá que ser validada en el Congreso.

“A veces sucede que incluso logrando una condena el corrupto se queda con lo que se robó y eso es muy injusto, no sólo porque no corresponde sino porque la sociedad está perdiendo bienes que se pueden utilizar para más escuelas, hospitales, obra pública, por eso es que la corrupción mata”, sostuvo.

Por último graficó que lo que provoca la medida es que la persona demandada deba probar la licitud del origen de sus fondos y bienes, para lo cual todos los ciudadanos “estamos obligados”.

Lo que sucede es que “aparece alguien que fue gobernador, se construye una mansión de $80 millones, como hizo (Adolfo) Rodríguez Saá en Potrero y nadie le pregunta de dónde sacó el dinero para hacerlo”.

De este modo indicó que si una persona fue funcionaria y el salario no era acorde a los bienes adquiridos, lo mínimo que debe ocurrir es el pedido de explicaciones, en el marco de la posibilidad de demostrar que lo obtenido es lícito.

“Obviamente si no sos capaz de demostrar que adquiriste algo de buena forma, eso evidencia la corrupción”, concluyó.