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Las empresas de transporte interurbano piden otro aumento y una audiencia al gobernador

Señalaron que a raíz del reordenamiento en la transferencia de subsidios estipulado por la Nación y ante la falta de acciones en el orden provincial, experimentan “una situación crítica”. Ahora quieren un incremento del 30%. No descartan despidos y reducción de frecuencias.

Los empresarios manifestaron su preocupación por la crisis en el sector.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 06/02/2019 22:42
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Este miércoles la Cámara de Transportistas brindó una conferencia de prensa a instancias de una mesa de empresarios integrada por Raúl Sosa (Grupo MR Sol Bus), Miguel Baldoni (Panamericana), Juan Ocaña (Panaholma), Rosa Gómez (María del Rosario), Gonzalo Martínez (Blanca Paloma) y Roberto Perez (Zenitram).

Como primera medida expusieron la “situación crítica” que experimenta el sector en San Luis. El Gobierno nacional modificó el esquema de subsidios de transporte mediante una política de autonomía para las jurisdicciones y desde enero de este año se reformuló el financiamiento.

En función de la nueva realidad, la mayoría de las provincias encararon programas de subsidios. No es el caso de San Luis, donde la ausencia de planificación perjudicó fuertemente al transporte, lo que se traduciría en la reducción de frecuencias, pérdida de puestos de trabajo y un impacto en la economía de los usuarios.

“Desde enero se ha provocado un colapso en todos los servicios de transporte de San Luis porque los subsidios (que no se transfieren) representaban el boleto de todos los usuarios. Sin esa compensación un boleto del corredor San Luis-La Punta por ejemplo debería costar cerca de $50, cuestión que nos pone en desventaja con respecto a los servicios que brindamos”, describió Raúl Sosa.

“El usuario va a tener que pagar más dinero y es lamentable. Hemos recurrido al área correspondiente para requerir la manera de compensar los subsidios pero no hemos tenido respuestas. Trabajamos todo enero y estamos preocupados porque no estamos alcanzando a cubrir los sueldos, la situación es muy caótica”, añadió.

La medida estipulada desde la Nación no implica la eliminación de los subsidios, sino que corresponde a un reordenamiento de la figura de financiamiento como tal. De este modo se creó un fondo compensador, a través de la Ley de Presupuesto, para subsidiar el transporte de un modo más autónomo en términos intrajurisdiccionales.

De hecho desde la Municipalidad de San Luis, el intendente Enrique Ponce denunció días atrás que el Gobierno provincial “recibió los fondos de Nación (para el caso puntano se garantizan $1547 millones), pero no los destinó al transporte”.

Ahora la falta de acciones concretas para adherir a la disposición nacional se tradujo en una crisis, razón por la cual los integrantes de la Cámara gestionaron una audiencia con Alberto Rodríguez Saá.

“Hemos solicitado una audiencia con el gobernador para ver como podemos armar el plan para no perjudicar a los usuarios con el aumento de la tarifa, para salvar las fuentes de trabajo y para que no haya despidos por las reducciones de servicio”, indicaron.

Actualmente alrededor de 400 familias se sustentan por la actividad en el sector. Una merma en el área significaría la reducción del 30% de los recorridos y cerca de 100 familias desvinculadas.

El Gobierno provincial viene de autorizar un tarifazo en enero pasado a las empresas que recorren en el interior puntano.

Los empresarios sostienen que un aumento no permitirá una mejora en la situación financiera. Asimismo se vieron en la necesidad de pedir otro reajuste, del 30%.

“Es imposible sostener el servicio sin la ayuda del Gobierno (de San Luis), entre todos hemos tratado de brindar acompañamiento pero no se puede sostener con el aumento proporcionado porque ello provoca que la gente deje de viajar”, manifestaron.

Miguel Baldoni añadió: “Hay que trabajar en un plan exhaustivo, muy estratégico, que estipule la reducción de alguna frecuencia en un esquema de compensación tanto nacional como provincial. Esto no sucede únicamente en San Luis, pero se ha agravado porque tenemos menos demanda que en Capital Federal por ejemplo”.

Según afirmaron lo recaudado en los últimos días se utilizó en la compra del combustible, pero la “emergencia” pone en riesgo los sueldos. En algunas empresas ya hubo suspensiones de trabajadores.

En este sentido remarcaron que mantuvieron encuentros con la UTA: “Hemos informado que no podemos dar cumplimiento a la nueva escala, incluso no podemos cubrir el salario completo de enero a escala vieja. El aumento de tarifas que nos otorgó el Gobierno sólo alcanza para cubrir el 80% del costo de combustible por la diferencia, pero queda afuera el tema de los sueldos, es insostenible para los transportistas de corta y larga distancia”.

Por último al ser consultados sobre la posible partida de empresas hacia otras provincias ante el contexto actual, aseguraron que de continuar la problemática “no sólo se iría una, sino que lo harían todas”.

“Realmente es muy crítico. Afecta a los sectores con menos poder adquisitivo, de hecho varios parajes quedaron sin transporte”, concluyeron.

Lo cierto es que a nivel nacional son varias las provincias que se adecuaron a la modalidad de transferencia de subsidios como el caso de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chaco, Jujuy, Catamarca, Tucumán, entre otras.

Río Negro por ejemplo, no sólo adhirió a la medida sino que ya efectivizó el pago de $11.500.000 distribuidos a los municipios de Bariloche, Roca, Viedma y Cipolletti, garantizando el funcionamiento del transporte urbano e interurbano.

Córdoba por su lado también proyectó asistencia tanto para la modalidad urbana como interurbana, incluso sosteniendo el precio del combustible a un valor razonable.

En San Luis no se aplica la metodología y tampoco hay novedades para frenar la crisis.

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