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El gobernador de Chubut firmó un decreto para expulsar a extranjeros que delinquen

Aunque ya existen leyes nacionales al respecto, el mandatario provincial firmó el martes su propio DNU.

Desde el Ministerio de Gobierno de la provincia se impulsarán convenios de colaboración con la Dirección General de Migraciones para impulsar acciones recíprocas y de colaboración.
Actualizada: 07/02/2019 08:42
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En sintonía con el gobierno nacional, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó el martes un decreto para expulsar de la provincia a extranjeros que delinquen y prohibir el ingreso a aquellos que cuenten con antecedentes penales.

De acuerdo al portal El Chubut, el decreto dispone "la expulsión y prohibición de ingreso a la Provincia de Chubut de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero".

Asimismo, precisa que desde el Ministerio de Gobierno de la provincia se impulsarán convenios de colaboración con la Dirección General de Migraciones para impulsar acciones recíprocas y de colaboración. De esta forma, Chubut se convierte en la primera provincia en contar con una ley de estas características, según publicó Perfil.

El decreto de Arcioni va en sintonía con los anuncios realizados a principio de año por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien anticipó que enciará al Congreso un proyecto de ley de expulsión "express" de extranjeros en conflicto con la ley.

"Este es un proceso que comenzó con el dictado de un decreto por parte del presidente de la Nación (Mauricio Macri) hace ya dos años. Ahora lo encabeza Migraciones y nosotros (el Ministerio de Seguridad) somos la fuerza de apoyo", explicó la funcionaria entonces.

El DNU firmado por el presidente en 2017 ya planteaba la agilización de las deportaciones. No solo permitió expulsiones de inmigrantes con pedidos de captura internacionales y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas, sino que también apunta a cualquier inmigrante sin condena firme o su equivalente en las Justicias provinciales.

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