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Ley de alquileres: inquilinos vuelven a la carga, pero el Gobierno prepara un proyecto “XS”

La senadora García Larraburu ingresará devuelta un texto para regular la actualización, extender el plazo a tres años y blanquear los contratos. El Ejecutivo quiere acotar la intervención estatal.

Las asociaciones de inquilinos impulsarán un proyecto de ley de alquileres similar al que perdió estado parlamentario en diciembre.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 17/02/2019 15:23
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El 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias en el Congreso, las asociaciones de inquilinos impulsarán un proyecto de ley de alquileres similar al que perdió estado parlamentario en diciembre. El texto lleva la firma de la senadora del Frente para la Victoria Silvina García Larraburu, la autora de la iniciativa que no prosperó en Diputados, pero que salió del Senado con voto unánime. Incluye contratos a tres años, actualización anual con un índice que combina precios y salarios y blanqueo de los vínculos. El Poder Ejecutivo, que empujó ese proyecto pero luego lo dejó caer ante el rechazo de las inmobiliarias y los propietarios, buscará un texto “de consenso” y con menos intervencionismo estatal.

Así está planteada la batalla por la nueva ley de alquileres en el electoral 2019. Y su desarrollo es incierto.

El 29 de enero, Inquilinos Agrupados se reunió con el secretario de Vivienda, Iván Kerr, para buscar acordar un proyecto de ley. En ese entonces, Gervasio Muñoz, de la asociación de locatarios, manifestó la intención de presentar un proyecto el 1 de marzo, pero el Ejecutivo le puso paños fríos.

Así las cosas, los representantes de los inquilinos avanzaron por las suyas, mientras el Gobierno insiste en buscar una norma más acotada.

El texto de la senadora García Larraburu replica los principales puntos del proyecto que había anunciado el presidente Mauricio Macri el 12 de octubre pasado y que había sido anticipado por TN.com.ar.

La iniciativa de García Larraburu extiende el plazo mínimo del contrato de alquiler para vivienda a tres años. También dispone que la actualización será anual -y no semestral, como planteaba la iniciativa que perdió estado parlamentario- en función de un índice que combine en partes iguales la inflación y la evolución de los salarios formales del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Impide que los propietarios pidan depósitos en garantía mayores a un mes de alquiler y los obliga a devolverlos al valor vigente al último mes de la relación contractual. Además dispone que estas cláusulas regirán en contratos de hasta 2000 UVA mensuales (unos $65.000 de hoy).

El proyecto también recupera algo que había sido dejado de lado en las negociaciones sobre el blanqueo de los contratos. “A los efectos de su oponibilidad, los contratos de locación de inmueble deben ser registrados por el locador ante el Registro de la Propiedad Inmueble, dentro de los 30 días corridos, contados a partir de la firma del contrato. Si el locador omitiere el registro, podrá hacerlo el locatario a partir del día siguiente del vencimiento del plazo”, se lee en el texto. La iniciativa que había logrado dictamen en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados había dejado de lado la oponibilidad en juicio, pero remarcaba la obligatoriedad de declarar el contrato ante la AFIP.

El texto, sin embargo, no regula cuestiones vinculadas a la garantía ni a la comisión inmobiliaria. Según Muñoz, de Inquilinos Agrupados, son temas que competen a las distintas provincias, que en algunos casos ya prohíben que los inquilinos afronten el costo de la comisión y promueven alternativas a la garantía inmueble.

La búsqueda de consenso

En tanto, la secretaría de Vivienda que conduce Iván Kerr negocia con el Ministerio de Hacienda -que objetó en diciembre el ingreso del proyecto de ley en las sesiones extraordinarias- cambios vinculados a la regulación de comisiones inmobiliarias y garantías y al blanqueo de los contratos, consignaron fuentes de ese despacho a TN.com.ar.

“Negociamos con Hacienda un proyecto que sea lo menos intrusivo en el mercado”, apuntaron fuentes de Vivienda. “La cuestión de la garantía debemos incluirla como política pública. Y estamos 100 por ciento de acuerdo en que la comisión la pague el propietario”, indicaron.

También avanzarán con el blanqueo de los contratos, algo que inquieta a la AFIP. Según las estimaciones oficiales, ocho de cada diez contratos de alquiler están en negro. La idea del Ejecutivo es fomentar la regularización, aunque “con un régimen secuencial” y con incentivos a los propietarios, como una actualización en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que impactará en las deducciones que pueden hacer los dueños de inmuebles destinados a locación del impuesto a las Ganancias. Para el Gobierno, la norma debería regir en casos de alquileres módicos y regular la vivienda social.

“Va a quedar claro que el Gobierno no quiere regular el precio y no quiere ley de alquileres”, dijo Muñoz. “El precio, en este contexto, es el tema principal. Insisten en que el mercado lo va a solucionar, cuando es el culpable de esta situación”, se quejó.

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