Sadop le pidió al Gobierno una ley para amparar a los docentes privados ante los despidos

De acuerdo al Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la situación laboral en el sector es preocupante ya que desde diciembre cerca de 20 trabajadores quedaron sin empleo.

Al momento se sabe que en el caso del Colegio Santa María y San Luis Rey ya despidieron a 10 docentes, en Don Bosco fueron 6 mientras que en San Buenaventura se registró un total de 3.

En ese contexto una mesa integrada por el secretario de Interior, Juan Acconero, el secretario Adjunto Pablo Giménez, la docente despedida María Satucho, el secretario de Prensa y Comunicación, Héctor Aguilar y el secretario del Interior, Enrique Adaro (ambos integrantes del Consejo Directivo de Sadop) informaron la postura del gremio frente a los despidos.

“Desde diciembre de 2018 hasta la fecha hubo una cantidad alarmante. Hace muchos años que venimos tratando de controlar esto y la verdad es que se siguen dando de forma indiscriminada. Hay dos establecimientos que dependen de la Universidad Católica de Cuyo (Santa María y San Luis Rey) que se han dedicado a realizar despidos de manera totalmente injustificada”, sostuvo Giménez.

En este sentido advirtió que si bien la Ley de Contrato de Trabajo regula la actividad privada no termina de proteger en su totalidad al docente, que cuando es despedido queda totalmente desamparado.

“No solo se lo perjudica con la pérdida de empleo sino que no se cumple con la indemnización correspondiente, provocándole un desgaste ante los juicios que debe concretar para poder cobrar lo que es debido”, indicó.

Para graficar señaló que hay casos de personal que poseen “entre 10 y 15 años” de antigüedad y aún así son separados de sus cargos: “No se trata de gente que no pudo superar el período de prueba, estamos hablando de profesionales de trayectoria y acordes al perfil institucional de cada colegio”.

Es así que Sadop le planteó al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá que concrete una normativa que resguarde la integridad laboral de los privados.

“En un diálogo con el vicegobernador (Carlos Ponce), le solicitamos un proyecto de ley de protección del trabajador docente privado fundamentalmente porque las escuelas del área reciben una subvención, que en algunos casos llega al 90%, y pueden cobran las cuotas que se les antoja; sin embargo le impiden al trabajador tener ciertas garantías ante la patronal, ven a los trabajadores como un costo y cuando logran cierta antigüedad los despiden”, graficó Accornero.

Esta normativa que requieren regularía entre otras cosas, que ante un despido sin causa el Gobierno le quite a los colegios la subvención (por el cargo que corresponda) por un determinado período.

El caso de Santucho

Entre los despidos el caso de Santucho se destacó porque se trata de una docente sobreviviente de la tragedia de Zanjitas, que tiene más de 10 años de antigüedad.

Según explicó la docente, se encuentra en una etapa “liberadora” ya que al dejar de pertenecer al establecimiento puede “decir las cosas sin miedo”.

Contó que al regresar a las actividades sus compañeras de trabajo la llamaron por teléfono para contarle la noticia de que ya no trabajaría en la institución. Se habían enterado porque una autoridad del colegio lo había “comunicado abiertamente” en una jornada pedagógica, antes de que le llegara la carta documento.

“Me llama la atención la falta de ética que hubo conmigo. Me extraña que un colegio que cuenta con un ideario muy bonito, escrito, que se entrega a tutores y docentes para que podamos formar integralmente al alumno, practique una cosa totalmente contraria”, expresó.

Santucho explicó que las razones que le dieron es que “no tienen lugar” para ubicar a una docente titular con 12 años de antigüedad. Sin embargo sostuvo que han “tomado dos suplentes”.

Lo que le duele es que tras el accidente que le dejó secuelas físicas y psicológicas, trabajó con esmero en la institución y aún así fue despedida.

Más allá de su caso en particular, en concreto el gremio aseguró que en San Luis se experimenta la precarización laboral del sector y sostiene la necesidad de que el Gobierno promueva una ley para proteger a los docentes privados de los despidos.