El Frente San Luis Unido presentó una ley para garantizar que nadie pierda los beneficios sociales

A través del texto se busca dar una garantía para que ninguna persona incluida dentro de los planes sociales del Gobierno provincial pierda su beneficio. La ley se convertirá en una garantía que no dará lugar a la discrecionalidad ya que en la actualidad están a tiro de la voluntad de un funcionario de la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Así, el Frente San Luis Unido reasegura y da certidumbre a los trabajadores de que ya no estarán atados a la voluntad de un gobierno.

Y se fundamenta en que “una importante cantidad de ciudadanos perciben ayudas sociales con recursos del Estado Provincial”; y que por lo tanto sus derechos deben ser “especialmente respetados en tiempos electorales, imponiéndose la práctica indigna de pretender un electorado ‘cautivo’ en base a la advertencia de la supresión de un determinado beneficio social”.

Los beneficiarios están expuestos al gobierno de turno y en especial en procesos proselitistas como el que ya se vive en San Luis.

Con esta propuesta, desde el Frente San Luis Unido se toma por anticipado un compromiso en caso de ganar las elecciones.

Esta mañana hubo una reunión de la bancada que preside Alejandro Cacace, y que ahora se llama interbloque San Luis Unido, para firmar este proyecto y un segundo que instaura el “Boleto Estudiantil Provincial Gratuito”.

El proyecto de ley (que se denomina "Garantía social de no suspensión de beneficios") establece que “no podrá darse de baja hasta el 10 de diciembre de 2019 ningún beneficio social otorgado por el Estado Provincial, salvo causa justificada, por cese de las condiciones que habilitaron su otorgamiento, por fallecimiento del titular o incompatibilidad”.

Días atrás, Claudio Poggi se pronunció alrededor del tema y anticipó cuál es su objetivo si el 16 de junio resulta electo. “Cuando sea gobernador nadie va a perder lo que ya tiene”, aseguró.

El senador Nacional garantizó que los planes sociales serán una prioridad dentro de su plan de gobierno; dijo que no significarán un límite, “sino el punto de partida” para que los puntanos estén mejor.

Remarcó que pondrá en marcha un enorme plan de generación de puestos de trabajo, que contiene una garantía social: “Nadie va a perder lo que ya tiene, sino que será un piso sobre el cual van a crecer”.

Los legisladores sostienen su idea en base a lo estipulado en el artículo 11 bis de la Constitución Provincial: “Todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, a los que considera un piso, por sobre el cual la Provincia de San Luis puede establecer mayores derechos y garantías. Todos los habitantes de la Provincia, gozan de los Derechos de Inclusión Social y de Inclusión Digital como Nuevos Derechos Humanos fundamentales”.

Inclusive hacen hincapié en los derechos y garantías con la que goza el trabajador: “El derecho a la asistencia material de quienes se encuentran temporal e involuntariamente en situación de desempleo”.

Plantean que en base al contexto actual, “es necesario desterrar todo sesgo de clientelismo en el otorgamiento y baja de tales beneficios cuyo verdadero fin es la inclusión social”.

Por ello creen necesario “asegurar tales derechos y garantías constitucionales”, las cuales no deben ser suspendidas “por la actividad política o simple adhesión del beneficiario a un partido o frente que no sea el oficialista”.

“Entendemos imprescindible garantizar la no supresión de estos beneficios en épocas electorales, evitando que se conviertan en el instrumento de presión para captar el voto de un ciudadano”, se detalla también entre los fundamentos.

En el artículo 2 se establece que el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial “es el único acto administrativo idóneo para disponer el cese de un beneficio con causa justificada, sin que sea posible la delegación y/o ratificación posterior”. Y que en el mismo se deberá indicar “la causal de la baja, debiendo obrar en el respectivo expediente administrativo la documentación respaldatoria que la acredite, con anterioridad al dictado del Decreto que disponga el cese del beneficio”.

También estipula que el Poder Ejecutivo deberá remitir a la Cámara de Diputados dentro de los cinco días corridos de sancionada la Ley, el listado de beneficiarios del Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis”, Plan Pañuelos Solidarios, Plan de Capacitaciones “22 AG”, Becas para Jóvenes Puntanos, “Soñamos Junto a Vos”, y cualquier otro plan similar o que se cree en el futuro.

Inclusive el Gobierno tendrá que mandar semanalmente “las altas y las bajas que se produzcan en el mencionado listado”.

También pide que se habilite una plataforma web y telefónica, que dependerá de la Cámara de Diputados y donde se recibirán denuncias de beneficiarios “por incumplimiento de las previsiones reguladas en la presente Ley, y recepcionarán denuncias contra individuos que mediante la utilización de intimidación o violencia obligaren a un beneficiario de plan social a realizar actividades proselitistas y/o emitir sufragio a favor de determinada alianza, partido o y/o candidato”.

Por último detalla que se sancionará con una multa de una a diez veces “de su remuneración mensual” al funcionario que incumpla la ley, “sin perjuicio de incurrir en el delito de mal desempeño de sus funciones y de toda otra responsabilidad penal que le pudiere caber”.