Sigue la investigación por los $80 millones entregados por Alberto R. Saá a la jefa de campaña de Adolfo
Un grupo de legisladores opositores fue a la Justicia en 2017 porque el subsidio fue destinado a la Fundación Mujeres Puntanas, en plena campaña electoral del Frente Unidad Justicialista.
La Corte Suprema debe expedirse sobre el incidente de competencia entre la Justicia Federal y la de San Luis, respecto a la denuncia penal contra la cúpula del Gobierno, el senador Adolfo Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis.
El fiscal Federal Cristian Rachid en declaraciones a elchorrillero.com explicó que la investigación centró su curso, hasta que haya un pronunciamiento por parte del máximo órgano de justicia de la Nación, en la ruta del dinero que salió de las arcas de la Provincia a la fundación Mujeres Puntanas de Gisela Vartalitis.
La Justicia intenta determinar qué se hizo con esos fondos y “la vinculación que tiene con el supuesto financiamiento de desvío para la campaña electoral”.
Además está pendiente el pronunciamiento final de los peritos contadores para que digan efectivamente si el Frente Unidad Justicialista tuvo ingresos que no fueron declarados y que puedan tener alguna relación con los subsidios que manejó la entidad de la esposa del senador Rodríguez Saá.
Los fondos fueron autorizados por el Gobierno en un trámite relámpago en la campaña electoral que tuvo en 2017 a Adolfo y Alberto, como compañeros de fórmula. Fueron candidatos a senador Nacional titular y suplente por el oficialismo.
“Ya ha habido dos expediciones provisorias y se le ha corrido vista a las autoridades partidarias para que contesten en relación a los ingresos y gastos utilizados en esa campaña. A su vez se le pidió un informe a la fundación”, expuso el fiscal.
En lo que respecta a la causa penal se investiga cómo se dispusieron los fondos provinciales. Ese expediente se convirtió en una “bola de fuego” porque los jueces provinciales y del fuero federal no quieren declararse competentes para involucrarse en la responsabilidad de los hermanos Rodríguez Saá.
A principios de diciembre de 2018, el juez, Juan Esteban Maqueda autorizó allanamientos “por orden subsidiaria” en los ministerios de Hacienda, a cargo de Natalia Zabala Chacur y de Producción que dirige Sergio Freixes.
El objetivo fue obtener tres expedientes que contenían información valiosa para la causa, que va desde el momento en que se firmó el convenio con la fundación, hasta la asignación de un subsidio de $80 millones para utilizarlos presuntamente en la campaña electoral del Frente Unidad Justicialista.
Lo que le falta ahora a la Justicia son los informes bancarios sobre las cuentas por las que pasaron los recursos provinciales y también los de Mujeres Puntanas donde fueron destinados.
“De esa forma vamos a poder tener la doble expedición, tanto en el expediente electoral cuando tengamos el informe de los peritos contadores que analizan la información aportada por Mujeres Puntanas y por el partido para ver si hubo violaciones de normas de financiamiento partidario; como también el expediente penal para ver cuál fue la ruta del dinero que salió supuestamente de las arcas provinciales y qué se hizo con el mismo”, detalló Rachid.
Además del gobernador fueron denunciados el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Gisela Vartalitis por la posible “violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, violación de deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial.
La presentación la hicieron un grupo de diputados de Avanzar y Cambiemos (actualmente Frente San Luis Unido) el 2 de octubre de 2017, es decir 20 días antes de las elecciones.
Lo que informó Rachid, es que hasta el momento, no se ha podido determinar si hubo un desvío informal de los subsidios y que hayan ingresado al partido. Sin embargo planteó que se canalizaron a emprendedores en plena campaña electoral y a través de una fundación, "en vez de hacerlo directamente el Gobierno provincial".
“Tenemos los expedientes administrativos que demuestran el circuito de cómo fue la creación de Mujeres Puntanas, la firma del convenio y la habilitación de la partida presupuestaria. Es decir, allí surge cómo fue tanto la cronología, como el trámite administrativo que se le dio a la habilitación de estos fondos para que se otorgaran subsidios a emprendedores”, dijo.
“Ahora lo que falta ver es cuál fue efectivamente la ruta de ese dinero, para eso hace falta la información bancaria y financiera sin perjuicio de otra que ya está en el expediente electoral”, concluyó.