Autoridades del instituto SAWÁ piden ser escuchados por el Gobierno ante problemas financieros

El Centro Educativo Terapéutico SAWÁ ,una institución de Juana Koslay dedicada a la atención de chicos con capacidades diferentes, está atravesando serias problemáticas financieras que perjudican fundamentalmente el ingreso de los fondos necesarios para su funcionamiento.

Estas dificultades datan desde los cambios que se suscitaron a instancias de la eliminación de organismos dedicados a la promoción de las atenciones a las personas con discapacidades (como por ejemplo el Servicio Nacional de Rehabilitación).

En este sentido se creó la Agencia Nacional de Discapacidad y las modificaciones a nivel ministerial provocaron algunas demoras en la transferencia de fondos a distintas instituciones a fines del país. Una de ellas es SAWÁ.

Es así que desde fines de 2017, comenzaron con las problemáticas. Primero estuvieron seis meses sin percibir ingresos y el mantenimiento de la institución no fue fácil. A su vez se sumó la falta de pago de las mutuales de los alumnos.

Para poder subsistir, allegados al centro educativo colaboraron con fondos personales, prestamos, y demás contribuciones que buscaron evitar el quiebre del instituto y sobre todo cumplir con los sueldos.

Sin embargo la crisis fue inevitable. SAWÁ cuenta con un plantel docente “muy amplio” que ronda entre 39 y 42 personas que asisten a alrededor de 60 alumnos divididos en dos turnos.

En este sentido las autoridades han tratado de mantener diálogo con el Gobierno provincial para encontrar una salida a las dificultades, pero hasta ahora no se concretó ningún encuentro ni se obtuvieron respuestas.

Los principales inconvenientes

La gerente de SAWÁ, Karina Gutiérrez, describió en diálogo con elchorrillero.com que se ha tornado “muy difícil” mantener los gastos de combustible (para el transporte de los chicos), luz, gas, y la comida que se brinda a los alumnos.

De acuerdo a lo que indicó, en nueve años de historia de la institución es la primera vez que afrontan este contexto de crisis. El mes de febrero, que se abonó en marzo, se pagó con 15 días de atraso mientras que este mes no se ha podido efectivizar.

A todas estas complicaciones se suma el hecho de que se ha tornado insostenible el pago de impuestos, y han tenido que acordar refinanciaciones con la AFIP.

Por ahora subsisten gracias a algunos proveedores que les abren cuentas corrientes, la colaboración de allegados y la “paciencia” de algunos trabajadores que siguen prestando servicios sin percibir sus haberes.

Persecución política

De acuerdo a lo que señaló Gutiérrez, la primera vez que comenzaron a tener problemas con los pagos optó por “golpear puertas”. La prioridad, era “seguir prestando un servicio de calidad”.

En este sentido le pidió ayuda al senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá, a su esposa Gisela Vartalitis y al Gobierno de San Luis, pero no tuvo ninguna respuesta.

Optó entonces por acudir al ex gobernador Claudio Poggi para pedirle que gestionara el pago demorado. Fue así que consiguió una acción concreta, pero los problemas no tardaron en llegar. Ahora siente “persecución política”.

“A raíz de su ayuda (de Poggi) estoy teniendo problemas. Viene una inspección por ejemplo y me dice que ahora una determinada cuestión está incorrecta o que se ha incurrido en errores cuando en inspecciones pasadas estaban bien las cosas. No debería ser así, esta institución hace nueve años que funciona, hoy tuve que presentar una respuesta al ministerio de Salud (de la provincia) en ese sentido; les informé la situación para que me ayuden”, manifestó.

“Las inspecciones vienen y se desarrollan como siempre, pero genera impotencia porque si uno tiene todo como se debe, ¿por qué se quiere dar marcha atrás con autorizaciones”, añadió.

La denuncia de los damnificados

Un grupo de perjudicados por la situación ha establecido una serie de ítems que encuadran el contexto de crisis del establecimiento. Por un lado indican que los aportes están atrasados desde agosto de 2018 y que se hizo un pago parcial que no se volvió a completar.

Por ello desde noviembre de 2018, no estarían efectivizando los aportes de la AFIP. Gutiérrez reconoció esta dificultad en cuanto a los impuestos, aunque no pudo precisar el período.

Por otro lado remarcaron el hecho de que hace tres meses que los profesionales que trabajan en SAWÁ no cobran. Más allá de algunas diferencias en torno a los períodos, lo cierto es que la institución reconoce el problema financiero.

También reclaman que están excedidos de horarios (8 horas por día) y que les hacen realizar transporte y actividades no remuneradas.

Por otro lado denunciaron “malos tratos” por parte de Gutiérrez y la acusaron de querer “quebrar” SAWÁ.

Luego aseguraron que la institución tiene una “sobrepoblación de alumnos” y que un sector de las instalaciones no estaría habilitado para el funcionamiento de las actividades. En esta línea agregaron que el ministerio de Salud decidió clausurar el área inhabilitada y que habían expresado consideraciones por la cantidad de alumnos.

Gutiérrez sostuvo al respecto que número de estudiantes está establecido por ley y diversas normativas de Bomberos Voluntarios, el ministerio de Salud, entre otros organismos: “Difícilmente se puede incurrir en esto, la última habilitación que tenemos es de 2018 y tiene una duración de 5 años”.

“No se puede mentir en estas cosas, hay listas de alumnos en las obras sociales”, agregó.

Ante todo este panorama, las autoridades del establecimiento quieren ser recibidas por el gobernador Alberto Rodríguez Saá o algún funcionario de gobierno que “tenga la posibilidad de agilizar” la situación.

“Queremos que no nos pongan más trabas. Queremos que nos ayuden, así como hay tantas promociones y beneficios como el de las pequeñas empresas”, concluyó.