San Luis se niega a recibir de la Nación pulseras para proteger víctimas de violencia de género

Hasta la fecha ya se firmaron 18 convenios entre los gobiernos provinciales y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; los cuales tienen como objetivo resguardar a las mujeres que son víctimas de la violencia en toda la Argentina y están enmarcados en un plan nacional.

Según los datos actualizados, la Nación entregó 615 dispositivos que ya están funcionando. De la Región Cuyo, Mendoza y San Juan conforman la lista de las provincias que accedieron a este método de prevención. Y la primera es junto a Córdoba (100 cada una) las que más aparatos recibieron, mientras que al gobierno sanjuanino se otorgaron 15.

San Luis está afuera porque no accedió a la firma del convenio, por lo tanto, no está adherido al sistema. Ese paso es indispensable para que la Nación entregue las pulseras; además, para que estas puedan cumplir su función se exige a las provincias “establecer un Centro de Monitoreo” que permita hacer el rastreo” de los aparatos.

Este centro debe operar todos los días, las 24 horas, inclusive “el ministerio colabora con la capacitación a los operadores”, según informaron desde el área de prensa del organismo nacional. Desde allí indicaron también que “en su momento hubo conversaciones con autoridades locales”, pero por ahora se “aguarda que la provincia adhiera”.

La decisión de la gestión de Alberto Rodríguez Saá parece ir en contra de los objetivos del publicitado organismo creado en diciembre de 2015. Cuando asumió en su cargo lanzó la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos para atender uno de las problemáticas más sensibles de la sociedad.

El organismo fue impulsado para que lleve adelante políticas en cuestiones de género, y para que trabaje principalmente en la contención de las mujeres golpeadas y en estado de vulnerabilidad.

De acuerdo con los datos oficiales los equipos que reciben los distritos se componen de dos unidades de rastreo, que se entregan tanto a la víctima como al agresor. Además constan de un transmisor de radiofrecuencia (tobillera) que se asegura al cuerpo del denunciado. Si esta se intenta manipular, sacar o romper se activa una alarma.

“El sistema permite monitorear la ubicación del agresor y la víctima, así como fijar zonas de exclusión o peligro (domicilio, trabajo, colegio de los hijos, etc)”, indicaron las fuentes consultadas. Y ante una eventual violación del perímetro se emite una alerta.

Con esto, en caso de que el agresor se acerque a la víctima o a la zona de exclusión a una distancia menor a la establecida en la orden judicial, el sistema emite alertas (tanto al agresor como al Centro de Monitoreo), lo cual permite “un manejo más eficaz de protocolos de mitigación de riesgo”.

Esta tecnología funciona como elemento de prueba en caso de que el agresor viole la orden de restricción judicial. Y a través del uso “se traslada la carga del alerta, de la víctima al Estado, lo que permite que la mujer pueda recuperar su vida cotidiana”, especificaron desde el ministerio.

A través de la firma de convenios, llamado de colaboración, es que se ceden los dispositivos duales para que las provincias los implementen “a partir de las solicitudes que realice el Poder Judicial correspondiente”.

Se difundió que Córdoba y Mendoza son las dos que más elementos recibieron, 100 cada una; luego siguen Salta (75), CABA (66), Provincia de Buenos Aires (60), La Rioja (30), Tucumán (30), Entre Ríos (25), La Pampa (25), Neuquén (25), Santa fe (20), Chubut (20), San Juan (15), Tierra del Fuego (14), Jujuy (5) y Misiones (5).

De esas 615, tobilleras entregadas "se usaron ya en 480 causas judiciales vinculadas a violencia de género", se supo de manera oficial.

Además de San Luis, no forman parte del plan, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Corrientes.