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La división de los hermanos R. Saá provocó una pelea por una pava en el Concejo Deliberante de Quines

Una concejal de Unidad Justicialista se llevó el electrodoméstico y un candidato de su sector fue denunciado ante la Justicia, porque de prepo cambió el texto en el cual justificó el retiro.

Foto web
Concejales y funcionarios enredados en un escándalo.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 12/05/2019 02:43
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Al ser reemplazada por su par, Nelson Flores, también del FUJ, se diagramó un inventario en el que quedó constatado que la pava eléctrica formaba parte del patrimonio del Estado municipal. Sin embargo, un día después Ortíz se la llevó advirtiendo que era de su propiedad.

Detrás del escándalo que derivó en una presentación en la Justicia, está la promocionada pelea de los hermanos Rodríguez Saá.

Ortiz electa junto al intendente Oscar Macías por el Frente para la Victoria se alinearon con el gobernador, mientras que la mayoría de sus pares oficialistas se quedaron del lado de Adolfo.

La primera consecuencia del tironeo entre el gobernador y su hermano, fue el desplazamiento de Ortiz de la conducción del cuerpo, medida que dio lugar a cruces de denuncias públicas. Hay acusaciones graves sobre la gestión, pero ninguna llegó a la Justicia.

El Concejo Deliberante le pidió formalmente la restitución a Ortíz que monopoliza la representación del kirchnerismo y albertismo en Quines. Pero lejos de hacer la devolución, efectuó un descargo.

El 25 de abril a las 10:10, se presentó en las oficinas del Concejo Deliberante, la empleada municipal, Alicia Barrionuevo con la nota redactada por la legisladora, que delegó el trámite porque “estaba enferma”. Fue recibida por el secretario administrativo, Gerónimo Suárez.

Esa misma mañana cerca de las 11, se presentó el funcionario municipal y candidato a concejal del Frente Unidad Justicialista, Jorge Raúl Calderón, manifestando que Ortíz se había “equivocado en el tipeo de un artículo” y que él iba a retirar el texto con el supuesto error y traería luego el definitivo.

Suárez le explicó que no podía porque la nota había quedado registrada en mesa de entrada. Para correcciones, debía enviarse un segundo escrito.

La insistencia de Calderón superó los límites.

Pese a la negativa y a las explicaciones de Suárez, el funcionario se mantuvo reticente a las sugerencias. Primero intentó pedirle el papel para “sacar una copia” y luego jugó su última carta: tomó la nota por la fuerza y modificó “a puño y letra” el supuesto error que marcaba.

La denuncia

Esta situación excedió los parámetros por lo cual Suárez denunció a Calderón ante la Justicia de San Luis.
Según consta en la presentación, se lo acusa de haber adulterado un “instrumento público”.

Tras la acción penal, los concejales trataron el problema y le consultaron a Ortíz si ella había ordenado a Calderón  introducir las “correcciones”. La mujer lo negó.

Así los concejales del PJ quedaron enredados en una pelea por una pava eléctrica.

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