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Denuncian al Gobierno por firmar contratos por $50 millones que se destinarían a la campaña de Alberto R. Saá

Como hace dos años el ministerio a cargo de Sergio Freixes volvió a quedar en la mira por el uso de los fondos públicos con fines proselitistas. Esta vez inició contrataciones eludiendo los procedimientos legales. Pretenden comprar en “forma directa” heladeras y chapas, entre otras cosas.

Foto ANSL
Pidieron que no se ordene el pago de una serie de compras directas de Sol Puntano y la Fundación Puntano
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 14/05/2019 08:17
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El presidente del interbloque de Diputados de San Luis Unido, Alejandro Cacace presentó ayer una denuncia en el Tribunal de Cuentas por la suscripción de contratos millonarios por parte del ministerio de Producción con Sol Puntano SAPEM y la Fundación Sol Puntano para que se investigue la posible comisión de delitos en contra de la administración pública. Al mismo tiempo pidió al contador General, Daniel Marone que “no autorice y/o ordene suspender todo pago vinculado a dichas actuaciones”.

Ese ministerio avanza en el trámite de suscripción de varios contratos con esos organismos que forman parte del Gobierno por $50.000.000. De acuerdo a la denuncia del legislador, esas operaciones encubren contrataciones que deben obligatoriamente ser realizadas a través del llamado a licitación pública “evidenciando además una sospechosa urgencia que intenta de modo ilegal aplicar fondos públicos en forma previa” a las elecciones generales del 16 de junio.

En 2017, el Gobierno hizo millonarios desembolsos para atender los gastos de la campaña electoral que tenía a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá en la misma lista, como candidatos a senadores nacionales titular y suplente, respectivamente, por el Frente Unidad Justicialista. El caso emblemático fue el subsidio de $80 millones que salió en tiempo récord del entonces ministerio de Medio Ambiente, Producción y Campo, a cargo Sergio Freixes con destino a la cuenta bancaria de la Fundación Mujeres Puntanas de Gisela Vartalitis.

Abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, fraude en perjuicio del estado provincial, falsedad ideológica y peculado, son los delitos en los que habrían incurrido esta vez los funcionarios de Alberto Rodríguez Saá.

Al Tribunal de Cuentas le pidió que ordene las “medidas necesarias para evitar se consume un daño inminente” al Estado.

Así busca que se envíen en forma inmediata los expedientes “bajo apercibimiento de solicitar su secuestro sin perjuicio de las demás sanciones que pudiere corresponder”.

¿Qué quieren comprar?

El Gobierno se propone adquirir heladeras solares, artefactos de iluminación a energía solar, rollos de alambres y postes, chapas, animales, plantas frutales, tanques de agua, material genético para inseminación, semillas, dosis de medicamentos para colmenas, equipos para laboratorio, entre otros bienes y prestaciones.

Cacace advirtió que el “contrato es vago y ambiguo” y que “no se detallan correctamente las obligaciones” de la SAPEM y la fundación. Puntualizó que no se precisan las cantidades, características y la calidad de los bienes a incorporar.

“Por ejemplo, no se ha indicado la cantidad de rollos de alambre que se deben proveer, lo mismo respecto de las cantidades de bebederos, chapas, postes, semillas, palas, rastrillos, carretillas, plantas frutales, colmenas, animales, etc, etc. –cfr. 2180710/19–; o no definen las cantidades ciertas y exactas de semillas a proveer ya que el quantum se calculará sobre rangos de hectáreas muy dispares que pueden importar la realización de ‘la mitad’ del trabajo contratado –cfr. 2180735/19–; o la cantidad de visitas a instituciones, o si el precio incluye el traslado y seguro de los alumnos a capacitar, cantidad de eventos, cursos y jornadas de capacitación, o la cantidad de vacunas o desparasitaciones, etc. –cfr. 2180768/19–; o la cantidad de los productores beneficiarios –cfr. 2250438/19–; entre otros”, expuso el legislador.

“Sobreprecio del 5%”

Hubo otro punto no menos importante que objetó. Apuntó contra el sobreprecio del 5% incluido en la mayoría de los contratos.

En la presentación se reproduce la cláusula que lo estípula: “Las partes acuerdan que Sol Puntano dispondrá de un 5% del monto total establecido en el primer párrafo. Dicho porcentaje se establece para afrontar gastos de fortalecimiento, administrativos, todo ello, en cumplimiento de las prestaciones establecidas en el presente contrato”.

Ante ello, el denunciante planteó: ¿Cuál es la contraprestación que recibirá el Estado contratante de parte de Fundación Sol Puntano y/o Sol Puntano Fundación a cambio del 5%? Si ya se ha fijado un precio por los bienes y prestaciones acordadas ¿por qué abonar ese inexplicable “adicional”? La simulación de justificarlo con gastos administrativos (que lo tienen todas las empresas que proveen bienes y servicios, y que a ninguna se le reconoce ese sobreprecio del 5%) o fortalecimiento (¿de qué? ¿qué es?) nada ayuda a dilucidar la cuestión”.

Después cuestionó que “no se indica si ese adicional del 5% está o no incluido dentro del monto total del contrato. Pero estuviera o no incluido en el mismo, la situación no cambia y estaríamos siempre frente a un caso de sobreprecio. Es decir, que puede ocurrir que: I) dentro del precio global se incorporó este adicional, con lo que el costo total que abonará el Fisco es solo el precio global que incluye: a) los bienes y servicios adquiridos más b) el sobreprecio; o bien, II) ese precio global no se incorporó al precio del contrato por lo que el Fisco deberá abonar a) el precio total de los bienes y servicios que figuran en el contrato más b) el sobreprecio por afuera que se calcula un 5% sobre aquel. En definitiva, siempre existirá una transferencia de recursos del Estado al particular, sin contraprestación alguna”.

“Sin dudas se trata de un sobreprecio grosero y explícitamente incluido en el mismo contrato; siendo aplicable al caso el inciso 5 del artículo 174 del Código Penal que tipifica el delito del fraude en perjuicio de la administración pública, y cc”, sostuvo.

Cacace también puso en duda la “reconocida” capacidad y antecedentes que se le adjudica a los dos organismos para atender los pedidos del Gobierno. Entiende que no están por encima de otras empresas que se podrían haber convocado a cotizar en una licitación.

Así la gestión de Rodríguez Saá pretende en forma exprés hacerse de recursos y bienes que se sospecha podrían ser desviados a la campaña del Frente Unidad Justicialista.

Las elecciones de gobernador se llevarán a cabo en poco más de 30 días.

En 2017 además del aporte de $80 millones que se canalizó a través de la cartera del condenado ministro Freixes, se bajaron discrecionalmente APT a intendentes oficialistas y crearon fondos rotatorios de $500 mil para que los ministros y secretarios distribuyeran subsidios.

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