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Avanza en la Justicia Federal la causa por la venta de bonos por $2.400 millones

La denuncia alcanza a la plana mayor del ministerio de Hacienda, encabezado por Natalia Zabala Chacur. La Fiscalía pidió medidas, pero todavía “no se sabe si los títulos fueron vendidos, en qué proporción, en qué fecha con precisión y qué pasó con esos fondos”.

Ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 15/05/2019 00:45
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La ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; el tesorero General, Eloy Horcajo; y la funcionaria Griselda Amara Anzulovich están involucrados en la presentación judicial realizada a fines de 2018 con la firma de los diputados del Frente San Luis Unido.

La investigación gira en torno a la liquidación de títulos públicos por la suma de $2.400 millones por parte del Gobierno provincial que no habrían sido ingresados al Tesoro.

Desde la fiscalía Federal se le solicitó documentación a la cartera que dirige Zabala Chacur. Hace poco llegó la contestación por parte del ministerio con un primer informe que contiene información “técnica” que deberá ser analizada con el asesoramiento de peritos contadores.

Lo que trata de determinar la Justicia es si los títulos fueron vendidos, el monto, la fecha, qué se hizo con ese dinero y si esos fondos se incluyeron en la Cuenta de Inversión de 2017.

Otra información pendiente es la cuenta bancaria que permitirá determinar cuáles fueron los movimientos de fondos públicos y si algunos están relacionados con la liquidación de estos títulos.

También, se le pidió a la Cámara de Senadores de la Nación la Cuenta de Inversión. “Eso se ha recibido recientemente por lo tanto en ese estado está la investigación”, explicó en declaraciones a El Chorrillero el fiscal Federal, Cristian Rachid.

Los cuatro funcionarios del área económica del Gobierno de Rodríguez Saá fueron denunciados por ser “autores o partícipes de los posibles delitos fraude en perjuicio del Estado, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado, falsedad ideológica y lavado de activos”.

El documento contiene la firma de los diputados Alejandro Cacace, Gastón Hissa, Bartolomé Abdala, Juan Rigau, José Fara, Walter Oio, Nancy Albornoz, Ariel Barrozo, Nery Carlomagno, Ramón Díaz, Mónica Domínguez, Ricardo Gimenez, Ricardo  Lemme, Joaquín Mansilla y Norma Pastor; tienen el patrocinio de los abogados, Roberto Eduardo Pagano y Jorge Sosa.

En los fundamentos de la denuncia exponen que el Gobierno provincial “confeccionó la Cuenta de Inversión de 2017 en el que dio detalles del estado de la administración y presentó un déficit operativo de $845.736.268, un stock de deuda de $ 4.167.944.817 y la venta de la totalidad de los títulos públicos que la provincia mantenía para resguardar sus ahorros” por un valor de $2.424.354.562.

Lo que plantean los diputados es que el Poder Ejecutivo “no informó” el resultado de la operación.

Rachid señaló que para el análisis de la documentación requerida necesitarán de una asistencia técnica contable que “implica ver cómo se registró el movimiento de títulos durante el 2017 en la Cuenta de Inversión”.

Además está pendiente toda la información bancaria: “Sería lo que se llama la ruta del dinero, si hubo venta de títulos y esos dineros tienen que entrar de alguna forma a las arcas provinciales”.

Asimismo, el Frente San Luis Unido presentó un pedido de informe en la Cámara de Diputados, pero hasta el momento el Gobierno no respondió.

 

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