Tragedia de Zanjitas: familiares y sobrevivientes marcharon para pedir Justicia en San Luis
Se reunieron este mediodía para que nada quede en el olvido y que se condene a los responsables. “Basta de silencio, todo San Luis reclama” pidieron por las calles del centro puntano. Encabezaron una marcha que se dirigió hasta el edificio de Tribunales, donde algunos padres de las víctimas fueron recibidos por la jueza Virginia Palacios.
Familiares y jóvenes sobrevivientes de la tragedia vial más importante que tuvo la provincia marcharon por las calles de San Luis gritaron Justicia; creen que hay más responsables y deben ser juzgados.
“Queremos que haya Justicia por las nenas fallecidas y por las que sobrevivieron que les cuesta vivir con el peso de lo acontecido y sabiendo que los jueces miran por otro lado”, fueron las palabras de Alejandra Manucha, mamá de Daira, una de las seis nenas fallecidas que viajaba en el micro arrollado por un tren en Zanjitas.
El punto de encuentro fue el Correo Argentino. Pasadas las 12, poco a poco y a pesar de las bajas temperaturas, se convocaron con carteles y pancartas.
Media horas más tarde iniciaron su marcha por calle Junín hasta Rivadavia y desde allí continuaron hasta el Poder Judicial. Frente a la caravana, algunas jóvenes que sobrevivieron al accidente llevaron un cartel que agrupaba las fotos de las ocho víctimas fatales.
“Sé que la Justicia es lenta, pero en este caso se ha tomado demasiado tiempo. Es insólito que donde hubo nenas fallecidas todavía no haya salido a la luz, tiene que llegar la Justicia a los responsables, no estamos pidiendo nada fuera de los ámbitos de la ley, creo que lo merecemos”, puntualizó Manucha.
Un grupo de estudiantes del Colegio Santa María viajaba junto a sus docentes para concretar una misión educativa y religiosa, cuando ocurrió una desgracia.
Las alumnas Salomé (11), Julieta (10), Iara (10), Paula (11) y Luz María (10) y Daira (10); y las docentes Jésica (23 años) y María Virginia (30 años) perdieron la vida el 2 de noviembre de 2011.
Casi ocho años han pasado de la tragedia. Sin embargo, hasta el momento, sólo fue condenado el chofer Julio César Jofré, en 2015, por el delito de “homicidio culposo y lesiones culposas”. La pena fue de 4 años y 8 meses de prisión.
Los cuestionamientos apuntan al tiempo que la Justicia lleva sin resolver las responsabilidades que tuvieron la dueña de la empresa Polo, Mabel Tyempertyopolos y los directivos del Colegio Santa María.
Manucha culpó a la empresaria “porque mandó el peor colectivo, que estaba fuera de circulación, tenía todas las puertas trabadas, las ruedas estaban peladas", y porque el chofer "estaba pasado de horas porque venía trabajando toda la noche llevando gente al Parque Industrial”.
Durante la marcha, se exhibieron carteles y pancartas con leyendas como: “Basta de silencio, queremos justicia”; “la Justicia lenta, no es Justicia”; “Justicia por nuestras compañeras y por nosotras”; “nos callaron 8 años, ya no más”; “Justicia por nuestros ángeles”.
Verónica Santarella, mamá de una de las niñas que sobrevivió sostuvo que en el juicio a Jofré “hubo mentiras”, que se abrieron compulsas, pero que no tuvieron “novedades”.
“Es desgastante para toda la familia tener que revivir esto constantemente”, reflexionó.
“Queremos que se termine y que sean juzgados los que fueron responsables. Tuvimos dos tragedias, una cuando nos enteramos de lo que había pasado y otra que nos ha hecho vivir el Colegio Santa María y toda la gente que trató de encubrir esto”, expuso Santarella.
Una vez que los familiares se agolparon frente a las rejas del Poder Judicial, gritaron “justicia” en reiteradas oportunidades.
12 padres, tanto de víctimas como de sobrevivientes, fueron recibidos por la jueza Penal N° 3, Virginia Palacios y por el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Correccional y Contravencional N° 2, Hugo Saá Petrino.
La palabra de la Justicia
Tras el encuentro, Palacios dijo a la prensa que informó a las familias que tras la condena al chofer se desprendieron varios “apéndices o compulsas”, y que a su juzgado “le tocó llevar la investigación por el presunto falso testimonio de tres personas de apellidos Pérez, Altamirano y Luna”. Uno de ellos es sacerdote.
“En el marco de esa causa, el ministerio público fiscal había hecho disposición de la acción penal, es decir, consideró que no existía ningún elemento probatorio como para proceder a un llamado a indagatoria. Así que la causa se resolvió por la no conformación del artículo 147 y se dispuso al archivo”, precisó.
Sin embargo, la jueza sostuvo que los familiares “deben tener la tranquilidad de que la situación la pueden revertir”.
Por otra parte, Saá Petrino les adelantó que la fecha de juicio oral contra Tyempertyopolos “está en trámite” y que “en principio”, sería en julio.
Luego de la reunión con los funcionarios judiciales, Santarella anunció que presentarán pruebas para reabrir las compulsas: “Tenemos un testigo que puede acreditar el falso testimonio que dio el cura, por ejemplo de que las nenas iban sentadas en sus respectivos asientos y no era así”.