“Estamos presos en nuestras casas”: el relato de los que tienen que vivir con la inseguridad
Los robos, asaltos, violencia y amenazas forman parte de la vida diaria de quienes habitan los barrios Solidaridad, Estrella del Sur y Juan Domingo Perón de la ciudad de San Luis. Aseguran que la inseguridad se instaló definitivamente hace dos años y “nadie hace nada”.
Cansados de la impunidad con la que actúan los delincuentes, vecinos de la zona decidieron dar a conocer el problema.
Viven en los barrios Solidaridad, Estrella del Sur y Juan Domingo Perón y en menos de un mes han sufrido 18 robos en hogares. Incluso sostienen que de las aproximadamente 200 familias del lugar, la mayoría han sido víctimas de la inseguridad.
El Chorrillero habló con un grupo de vecinos que quisieron dar su testimonio. Sin embargo, todos optaron por resguardar su identidad ante el temor a las represalias que puedan tomar los delincuentes. La mayoría de quienes sufrieron asaltos fueron amenazados para que no hicieran las denuncias.
Expusieron los múltiples casos que han sucedido durante los últimos meses. Explicaron que los robos y asaltos se realizan a cualquier hora.
Uno de los más recientes se produjo durante una tormenta. Los delincuentes cortaron las rejas del fondo de una vivienda y se llevaron máquinas hormigoneras, un lavarropas, una bicicleta, una carretilla y herramientas de construcción. Nada ha sido recuperado.
De un comercio sustrajeron 16 garrafas que luego eran vendidas en el barrio Solidaridad.
Los vecinos plantearon la “impunidad” con la que actúan los delincuentes porque luego de cada robo recorren la zona vendiendo las pertenencias sustraídas. “Avisamos a la Policía y no hacen nada”, indicaron.
Coinciden en señalar que los efectivos no actúan. Transmitieron que sus justificaciones se enmarcan en la falta de móviles y que no cuentan con órdenes de allanamiento.
La dependencia policial más cercana es la Comisaría 23º que además debe brindar asistencia a los barrios Jardín del Sur, San Luis XV y Pucará. En estos complejos se repiten los mismos problemas.
Por otra parte, manifestaron que a los robos se suman la violencia de parte de los ladrones, que según han comprobado, viven en la misma zona.
La Policía tiene identificados a los delincuentes que son mayores de edad y muchos cuentan con antecedentes penales.
Varios vecinos han padecido graves situaciones en medio de los asaltos. Han resultado golpeados, heridos, con quebraduras en un tobillo, desfiguración de rostro y a un joven hasta le cortaron una oreja.
Las mascotas también han sido víctimas de envenenamientos, mientras que a otras las han apuñalado para perpetrar los ilícitos.
Sin embargo, no hay registro de detenciones o que alguna de las causas haya avanzado.
“No se puede vivir así. Hay mucha gente que ha sido amenazada, está con miedo y por eso no se animan a hablar”, reconoció una madre y dijo que “no dejan salir los chicos a la calle”.
También explicaron que han solicitado audiencias con el ministro de Seguridad, Ernesto Alí, pero “hasta acá no hay respuesta”. Al gobernador Alberto Rodríguez Saá también le han mandado notas.
“Estamos presos en nuestros domicilios”, criticó otra mujer, quien expuso que no pueden dejar las viviendas solas y deben turnarse para salir.
Contaron que muchas familias optaron por vender a muy bajos precios las viviendas para poder irse de la zona. “No queremos dejar las casas que tanto nos costó construir”, expresaron.
Además comentaron que los delincuentes rompen el alumbrado público y después agreden al personal de la Municipalidad que acude para arreglarlo. “Es así de triste la historia del barrio”, confesaron.
El principal temor de cada una de las familias es lo que pueda ocurrirles a sus hijos. En el barrio viven unos 900 chicos.
Cada una de las personas que dialogó con El Chorrillero apeló a las autoridades provinciales para obtener una respuesta.
“Pedimos que por favor nos protejan de alguna forma”; “que se acerquen y vean la situación”; “que conozcan cómo vivimos”; “queremos una comisaría”; y “que el ministro de Seguridad venga al barrio para que dé una solución”, fueron los reclamos.
Remarcaron que la zona cuenta con terrenos para la construcción de una nueva seccional.
“Vivimos con miedo. No queremos ver a nuestra familia detrás de las rejas porque hizo justicia con mano propia con un delincuente”, dijeron.