Adolfistas se dan cuenta ahora de la persecución política del Gobierno de Alberto R. Saá
Diputados que responden al ex presidente de la Nación expusieron en la sesión de este miércoles el hostigamiento y despido de trabajadores del plan de Inclusión.
El presidente de la Cámara Baja, Carmelo Mirábile junto a sus pares Fernando Casas y Juan Pablo Funes Bianchi enumeraron y ventilaron los casos de persecución de parte del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Hasta hace poco permanecían en silencio ante la catarata de denuncias de servidores públicos (empleados y beneficiarios de planes sociales) que sufrieron atropellos.
Ahora comparan a Alberto Rodríguez Saá con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
Un feudo en el interior
Mirábile presentó un proyecto para repudiar que Máximo Marquez, trabajador del Plan Solidario fue despedido por ser candidato de la lista de Adolfo Rodríguez Saá.
El dirigente es uno de los jefes histórico del PJ de San Martín que convirtió el departamento en un feudo. Desde 1983 alternó en los cargos de intendente y diputado.
En el texto que propuso y fue aprobado por mayoría, dio cuenta que existen "persecuciones y despidos" por parte de funcionarios del Gobierno e intendentes de pueblos del interior.
Hace dos años la candidata a senadora por el distrito, Regina “Chona” Funes que trabaja en un centro de salud fue trasladada desde Potrerillos a Bajo de Veliz, es decir a 100 kilómetros de su domicilio. Frente a ese caso Mirábile permaneció en silencio.
La familia gobernante de Candelaria
Fernando Casas también viene denunciando atropellos por parte de los funcionarios provinciales en el departamento Ayacucho y en particular en su pueblo.
Desde hace dos décadas se sucede en la intendencia con Ana Glellel y manejan el pueblo con puño de hierro.
Ambos se presentan como candidatos a intendentes. Casas por el adolfismo y Glellel va por la reelección el sector del gobernador.
Juan Pablo Funes Bianchi se unió a las críticas por los despidos de beneficiarios de planes sociales.
En 2017 como secretario de Deportes de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, miraba para otro lado frente a las denuncias de jóvenes que eran apretados desde el Estado. Además fue responsabilizado por presionar a los clubes para que se alinearan con el Gobierno.