La ley que garantiza estabilidad a los beneficiarios de planes sociales está paralizada en el Senado
Está hace más de un mes en comisión y no está en la agenda del bloque de Unidad Justicialista. En las últimas semanas se denunció que el Gobierno despidió y presionó a trabajadores.
El proyecto que tiene antecedentes en casos de persecución y desvinculación de los planes ocurridos en la campaña electoral de 2017, fue impulsado en marzo por el Frente San Luis Unido.
Ahora cobró actualidad a partir del hostigamiento a los beneficiarios. Tanto desde del Frente que impulsa a Claudio Poggi a la gobernación como candidatos del Frente Juntos por la Gente, vienen denunciando el acoso de funcionarios del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá y de intendentes.
“No podemos estar trabajando de acuerdo a la fecha de las elecciones, tenemos que ver si se reúne la comisión, hay muchos temas que son de suma importancia como por ejemplo el de cannabis o endometriosis”, sostuvo la presidente del bloque de senadores de Unidad Justicialista, Mabel Leyes en declaraciones que formuló este jueves a El Chorrillero.
El proyecto de “garantía social de no suspensión de beneficios” ingresó en marzo a la Cámara Diputados y contempla que ninguna persona que percibe un plan del Gobierno provincial, perderá el beneficio.
Mabel Leyes preside el bloque de Unidad Justicialista.
El 17 de abril, por 36 votos positivos y seis negativos del bloque que responde al gobernador Rodríguez Saá, la propuesta obtuvo media sanción.
Pasó al Senado y la realidad es que permanece paralizado en la comisión de Asuntos Constitucionales a cargo de María Angélica Torrontegui.
El proyecto establece que no podrá darse de baja hasta el 10 de diciembre de 2019, ningún beneficio social otorgado por el Estado Provincial “salvo causa justificada, por cese de las condiciones que habilitaron su otorgamiento, por fallecimiento del titular o incompatibilidad”.
A principios de abril la esposa del candidato a intendente de San Luis Unido en Alto Pencoso, fue dada de baja.
Después se difundieron otros casos en el Departamento Dupuy, donde la candidata a senadora Diamela Freixes, hija del ministro de Producción, quedó involucrada como la responsable de la expulsión de trabajadores.
En la sesión del último miércoles, algunos diputados que responden al adolfismo responsabilizaron al Gobierno de perseguir a trabajadores públicos.
El presidente de la Cámara, Carmelo Mirábile denunció que Máximo Márquez, un trabajador del Plan Solidario fue despedido por ser candidato de la lista de Adolfo Rodríguez Saá.
Leyes, optó por no emitir una opinión cuando fue consultada por su posición: “He estado mucho en el interior, no quiero hablar de algo que realmente no he tomado conocimiento”.
Además, afirmó que desde el Gobierno provincial “no se está echando gente”.
“Es más, constitucionalmente está respaldado el trabajo de cada uno de los planes sociales. Obviamente que, si llega a haber un despido con causa, también está enmarcado dentro de la Ley de Trabajo, pero el respaldo de la persona está garantizado por la propia Constitución de la Provincia”, argumentó.
El proyecto de ley determina que dentro de los cinco días corridos desde que se sancione la ley, el Gobierno deberá remitir a la Legislatura el listado de beneficiarios del Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis”, Plan Pañuelos Solidarios, Plan de Capacitaciones “22 AG”, Becas para Jóvenes Puntanos “Soñamos Junto a Vos”, y cualquier otro beneficio “de similar naturaleza existente o que se cree en el futuro”. Incluido, las altas y bajas que se produzcan.
También se deberá habilitar una plataforma web y telefónica para recibir denuncias de beneficiarios por “incumplimiento de las previsiones reguladas” y recepcionar aquellas contra personas que mediante intimidación o violencia “obliguen a un beneficiario a realizar actividades proselitistas y/o emitir sufragio a favor de determinada alianza, partido o y/o candidato”.