Presidentes de partidos de San Luis Unido se suman a las denuncias contra el Gobierno

Esta mañana, ambos como líderes de sus partidos políticos y también como candidatos a la gobernación, se reunieron con el interbloque de diputados de San Luis Unido. Escucharon un informe del estado de los expedientes judiciales y anunciaron que se sumarán a las causas para “fortalecer y avalar las presentaciones”.

Hugo “Pipo” Rossi (UCR), Joaquín Mansilla (Libres del Sur), y Otoniel Pérez Miranda (PRO) formarán parte de las acciones que se vienen en los distintos ámbitos.

El encuentro que tuvo lugar de la Legislatura, comenzó pasadas las 9:30. El jefe del interbloque, Alejandro Cacace bajó a recibir a Poggi y Ponce, mientras en el segundo piso aguardaba la bancada en pleno.

Arrancó Ricardo Endeiza, apoderado de San Luis Unido, con un claro y didáctico detalle del grado de avance de cada causa iniciada contra el Gobierno provincial, que están radicadas en la Justicia provincial y Federal.

De movida el dirigente aportó un dato inquietante: el cuerpo de auditores de la Cámara Electoral Nacional dictaminó que se configuró delito en el marco de la entrega de un subsidio de $80 millones por parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá a su cuñada Gisela Vartalitis, en su condición de presidente de la Fundación Mujeres Puntanas en la campaña de 2017. Los fondos fueron usados para repartir electrodomésticos en actos de Adolfo Rodríguez Saá.

Los casos:

-Denuncia por contrataciones directas entre el ministerio de Producción y Sol Puntano Sapem y la Fundación Sol Puntano.

-Denuncia por falsedad ideológica, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la elaboración y presentación del presupuesto para la administración pública provincial para el año 2019.

-Denuncia por malversación de caudales públicos y otros delitos contra la administración pública provincial por la venta de títulos públicos.

-Denuncia por abuso de autoridad y otros delitos contra la administración pública provincial por el otorgamiento ilegal de fondos públicos para fines electorales.

-Denuncia por otorgamiento de planes sociales en violación de la veda.

-Denuncia por persecución ante el Inadi a una candidata de Avanzar y Cambiemos en 2017.

-Denuncia por utilización del parque público “La Pedrera” para el acto partidario del peronismo K.

-Denuncia ante la Justicia Federal por casos de “votos marcados”.

Si bien la serie de denuncias no son una novedad, el Frente las reactualizó ahora por varias razones. Por un lado, porque están en juego fondos públicos usados con fines proselitistas y por el otro, faltan pocos días para las elecciones y las irregularidades se estarían repitiendo. De ese modo también mandaron una señal a la Justicia porque ya han pasado casi dos años sin mayores movimientos.

El candidato a gobernador, Claudio Poggi dijo que fue una reunión “muy provechosa” porque “nos muestra como un frente político muy consolidado”.

En ese sentido, remarcó que se “van a sumar” a las causas en especial a la que está relacionada con el aporte estatal de $80 millones que recibió la esposa de Adolfo Rodríguez Saá, a través de la fundación en la antesala las elecciones de medio término, y también "por los carteles y la ostentación que está haciendo actualmente, siguen utilizando usando esa plata”. En otras palabras, el expresidente dispone para esta todavía del dinero que salió en 2017 del ministerio de Producción que dirige Sergio Freixes.

Ilustró con un dato. “Esos 80 millones de pesos es el 1000% de 8 millones que fue el límite de campaña electoral en cuanto a gastos posibles en la elección de 2017 para diputados y senadores nacionales”, graficó Poggi.

En la reunión estuvo Ricardo Bazla, asesor legal y candidato en Villa Mercedes.

Poggi, también habló sobre la denuncia por la venta de títulos que avanza en la Justicia Federal: “Cuando analizamos la Cuenta de Inversión el 1° de enero de 2017 existían en las arcas públicas 2400 millones de pesos en títulos y a fin de ese año ya no estaban y no se exhibe qué se hizo con esa plata”.

Otro de los puntos que abordó fueron la causa por votos marcados en Nogolí en la elección de 2017 y no dio vueltas a la hora de opinar sobre el punto: “El que marca el voto en esta elección va preso”. Hay un antecedente: la directora de Hospital local, Silvia Quevedo quedó procesada.

“Son todas cuestiones muy importantes que hacen que no vamos a perdonar ninguna impunidad o ilegalidad cometida en 2017”, manifestó adelantando la sensibilidad con la que se preparan.

“San Luis está unido, nos vamos a sumar activamente a las causas que ya están iniciadas a nivel provincial y federal y vamos a custodiar la voluntad popular para que esto el 16 de junio no se vuelva a repetir. Hay que votar con tranquilidad, en paz y vamos a ser muchos los responsables de que eso se pueda cumplir como corresponde”, ratificó durante la conferencia de prensa.

Sobre el desarrollo de los comicios en la provincia, indicó que los indicios demuestran “que quieren cometer de nuevo los delitos electorales que realizaron en su momento, por eso queremos pedirle a la Justicia federal, una mayor celeridad en las denuncias”.

La agenda que desarrollaron incluyó los pedidos de informes que se han formulado desde la Cámara Baja a la gestión de Alberto Rodríguez Saá y que nunca fueron contestados.