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Fue “un delito electoral” la entrega de los $80 millones del Gobierno a la esposa de Adolfo R. Saá

El pronunciamiento se enmarca en el subsidio que el gobernador Alberto Rodríguez Saá entregó a la Fundación de su hermano Adolfo y la esposa Gisela Vartalitis durante la campaña de 2017. Los auditores de la Cámara Electoral Nacional sostuvieron que se incurrió en “prácticas clientelares con el fin de captar votos”.

Gisela Vartalitis junto a Adolfo y Alberto Rodríguez Saá en el PJ el 22 de octubre de 2017.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 04/06/2019 21:18
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La conclusión a la que se arribó fue dada a conocer hoy por Ricardo Endeiza, apoderado del Frente San Luis Unido, durante la reunión que mantuvieron el interbloque de diputados con todos los presidentes de los partidos del Frente y los candidatos a la gobernación, Claudio Poggi y Enrique Ponce.

En el informe “queda acreditado que la agrupación incurrió en prácticas clientelares con el fin de captar votos y favorecer a los candidatos a senadores” del Frente Unidad Justicialista, expuso Endeiza que además interviene como asesor letrado en varias causas.

De la misma manera, los auditores sostuvieron que el Frente que postuló a los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez como candidato a senadores nacionales titulares y suplentes, respectivamente, “recibió indirectamente subsidios en plena campaña electoral y con ellos financió la compra de bienes e insumos para luego entregarlos a los posibles votantes”.

Endeiza transmitió a las autoridades de San Luis Unido que se siguió pidiendo información a la Legislatura, Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la Provincia y los distintos ministerios que intervinieron en el desembolso del dinero.

A su vez, el Juzgado Federal ha ordenado el levantamiento de secretos bancarios para obtener datos de la AFIP, UIF y del Banco Central de la República Argentina.

La compulsa por la utilización de los fondos en la campaña ha avanzado y se emitieron dos dictámenes del cuerpo de Auditores pertenecientes a la Cámara Electoral Nacional.

Adolfo Rodríguez Saá y su esposa Gisela Vartalitis cobraron un mes y medio antes de las elecciones de 2017 el subsidio de $80 millones. En un trámite exprés y de una sola vez la Fundación Mujeres Puntanas tuvo acreditada en su cuenta el subsidio del Gobierno provincial.

De inmediato un grupo de diputados opositores entablaron una demanda en la Justicia Federal contra el gobernador, el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; el senador Rodríguez Saá y Gisela Vartalitis.

Poggi adelantó hoy que los partidos de la alianza opositora se sumarán a las causas para “fortalecer y avalar las presentaciones” de los legisladores.

El caso emblemático es justamente el aporte de los $80 millones que se habrían orientado inmediatamente a la compra de electrodomésticos para repartir con fines proselitistas.

“Por los carteles y la ostentación que está haciendo actualmente, siguen utilizando usando esa plata”, dijo Poggi hoy durante la conferencia de prensa en la Legislatura.

Esos fondos fueron canalizados a través del ministerio de Producción a cargo de Sergio Freixes.

El candidato a gobernador al ser consultado sobre una eventual interpelación al funcionario por las contrataciones a través del Sol Puntano, fue terminante: “Lo que le tienen que pedir a Freixes es que vaya preso. Tiene que estar preso, fue condenado y está apelado”.

El subsidio que gestionó el matrimonio Rodríguez Saá-Vartalitis fue un escándalo. Al cabo de casi dos años no hay en juez de San Luis quiere tomar el expediente penal.

Entre las pruebas se desprendió que en el sitio de la Fundación figuraba como dirección de correo electrónico todosporadolfo@gmail.com; aparece el logo de campaña de Rodríguez Saá y la leyenda “Adolfo está con vos, votá por San Luis, votá por Adolfo”.

El dictamen señala detalladamente cuáles son los subsidios y las personas; las violaciones en las que habrían incurrido; que los aportes se realizaron de una persona jurídica; que se excedieron las contribuciones privados y se utilizaron fondos estatales.

Fueron denunciados por la posible violación de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos, la de deberes de funcionarios públicos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial.

En ese momento la Ley de Financiamiento establecía que no podían gastar más de $8 millones, es decir que excedieron en un 1000% el tope para la campaña para senadores y diputados nacionales solo con los $80 millones. “ Sabemos aparte el festival de cosas que hicieron”, planteó Endeiza.

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