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Las 8 denuncias contra el Gobierno de R. Saá por persecución, desvío de fondos y maniobras electorales

Las sospechas y pedido de garantías del Frente San Luis Unido al Tribunal Electoral están fundadas en presentaciones judiciales por la posible comisión de irregularidades en el proceso de 2017.

22 de octubre de 2017. Adolfo Rodríguez Saá y Alberto Rodríguez Saá.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 11/06/2019 09:09
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Legisladores y apoderados del actual Frente opositor formalizaron denuncias en los fueros Federal y provincial en los últimos dos años, y la semana pasada Claudio Poggi junto Enrique Ponce se constituyeron en las causas que están pendientes de resolución.

El caso emblemático es el subsidio de $80 millones que el gobernador Alberto Rodríguez Saá le entregó a su cuñada, Gisela Vartalitis en condición de presidenta de la Fundación Mujeres Puntanas, 40 días antes de los comicios de medio término.

A pocos días del 16 de junio, los candidatos a la gobernación junto a los presidentes de la UCR, Libres del Sur y el PRO volvieron a la Justicia para insistir en la necesidad de que haya un pronunciamiento. Tuvieron en cuenta que en esta campaña el Gobierno de Rodríguez Saá habría intentado repetir la maniobra a través de la Fundación Sol Puntano.

Sergio Freixes y el gobernador de la Provincia.

En la reunión que mantuvo el Bloque San Luis Unido con las autoridades partidarias, el apoderado Ricardo Endeiza realizó un informe sobre el estado de los trámites judiciales.

Para los denunciantes en la causa de los $80 millones quedó acreditado que se incurrió en “prácticas clientelares con el fin de captar votos y favorecer a los hermanos Rodríguez Saá, ya que reciben indirectamente subsidios en plena campaña electoral y con ellos, se financia la compra de bienes e insumos para luego entregarlos a los potenciales votantes”

Para la oposición hay otra causa de extrema gravedad como la desaparición de $2.400 millones resultantes de la venta de títulos públicos. Plantearon que esos fondos nunca ingresaron al Tesoro provincial luego de ser liquidados los bonos.

A continuación los casos:

1. Denuncia por la entrega de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas

Presentación (expediente FMZ 39434/2017) realizada por los entonces Diputados Ajejandro Cacace, Juan Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Iris Blumencweig y Sergio Guardia por el otorgamiento de $80 millones provenientes de las arcas provinciales a la Fundación Mujeres Puntanas, que preside la esposa del entonces candidato  senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis.

Agosto de 2017. Acto Fundación Mujeres Puntanas con la presencia del entonces candidato a senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá. (Foto ANSL)

Los delitos denunciados fueron “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales, peculado, fraude en perjuicio del estado provincial y violación de la ley nacional de financiamiento de partidos políticos” e involucraron al gobernador, Alberto Rodríguez Saá (candidato a senador suplente), a todos los funcionarios involucrados en el otorgamiento y a Vartalitis.

Expusieron que fue público y notorio que de esos fondos salieron las máquinas de coser, los electrodomésticos y demás objetos y aportes en efectivo que se realizaron con la presencia y actuación del candidato Adolfo Rodríguez Sáa.

Por cuestiones de conflicto de competencia la causa tramita actualmente de la siguiente manera:

-Para dirimir la competencia -planteada por la Justicia Federal y la Justicia provincial- respecto de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, peculado, fraude en perjuicio del Estado provincial, debe expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-Mientras resuelve, el Alto Tribunal dispuso el 22 de octubre de 2018 que prosiga el trámite por el fuero que previno o primero intervino en la causa (Federal) y en consecuencia el Fiscal, Cristian Rachid siguió el proceso de recolección de prueba y se ha requerido información a los ministerios de Hacienda y Medio Ambiente y Producción por haber sido los organismos que intervinieron en la transferencia de fondos.

Se solicitó además -previo levantamiento del secreto bancario- informes al Banco Supervielle sobre el detalle de cuentas de la fundación, movimientos y personas intervinientes.

Por otra parte el 26 de abril se pidió a la Secretaria Electoral Federal todas las constancias del incidente sobre control de gastos de campaña que “son reveladoras de la gravedad de la maniobra”.

Para tomar dimensión de la magnitud del subsidio y su incidencia en la campaña basta decir que para las dos categorías nacionales que se elegían (senadores y diputados Nacionales) el máximo para ambas sumadas era de aproximadamente $8 millones, con lo cual el subsidio implicaba el 1000% del tope.

Recientemente el cuerpo de auditores de la Cámara Electoral Nacional dictaminó que hubo “delito electoral”.

2. Otorgamiento de planes sociales en violación de la veda

FMZ 45009/2017 “NN SOBRE AVERIGUACION DE DELITO. Denunciantes, Alejandro Cacace, Javier Suárez Ortíz, Otoniel Pérez Miranda y Ricardo Endeiza.

Se investiga el otorgamiento de alrededor de 80 mil planes sociales durante la veda entre las PASO del 13 de agosto y la elección del 22 de octubre de 2017, incluso el mismo día de la elección.

En la causa se está produciendo prueba consistente en agregar al expediente los listados de beneficiarios, los movimiento bancarios y las normas de creación y de otorgamiento de los planes. Según sostienen, se está dejando en evidencia “una matriz de prácticas clientelares y la comisión de delitos electorales como el otorgamiento de planes o beneficios en abierta violación a la veda, habiendo llegando al extremo jamás visto de mantener abiertas oficinas públicas el mismo día del comicio para entregar cheques u órdenes de pago”.

3. Denuncia por votos marcados en Nogolí

Se logró detectar y resguardar por una cautelar, ordenada por el fiscal Federal, los votos en las urnas del departamento Belgrano.  La denuncia la había realizado el apoderado del entonces Frente Avanzar y Cambiemos.

En esta causa se indagó y procesó a Silvia Quevedo que en 2017 se desempeñaba como directora del Hospital de Nogolí. También está involucrada Nancy Escudero por “compeler a electores de esa localidad a votar a favor del Frente Unidad Justicialista bajo amenaza de no acceder o mantener los planes sociales que se le habían ofrecido”.

Claudia Pinelli y Alberto Rodríguez Saá.

En el recuento aparecieron 65 votos irregulares en Nogolí.

En el caso de la intendenta Claudia Pinelli se le dictó la falta de mérito. El cuarto involucrado, Nicandro Hilario Amieva, quien habría intervenido en la distribución de boletas marcadas a dos electores, hasta el momento no prestó declaración indagatoria por razones de salud.

La maniobra consistió en la entrega de votos marcados con un código, conformado por una letra y un número. De esa manera, se aseguraban que votaran a la lista de los hermanos Rodríguez Saá o perderían los beneficios.

Los votos marcados.

De acuerdo a la denuncia, por ejemplo,  la letra “P” correspondía al Plan de Inclusión Social, “M” a los merenderos o becas municipales, “PB” a Pañuelos Blancos, la “H” a Hospital, mientras que los números se relacionaban a la identidad de la persona que recibió el voto.

El fiscal Rachid apeló todas las resoluciones del juez Juan Maqueda y pidió otra vez la indagatoria a los denunciados.

4. Entrega de tablets en la sede del PJ

El abogado Ricardo Bazla denunció a la entonces ministras de Desarrollo Social y sus pares de Ciencia y Tecnología y Hacienda por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario públicos, malversación de caudales públicos y peculado por la entrega de tablets adquiridas por el gobierno provincial en el marco de la campaña electoral del oficialismo provincial.

En la presentación se expuso que “la desviación del reparto de esos bienes públicos se hizo a través de las sedes del partido de los Rodríguez Saá”.

Sede del PJ.

Luego del resultado de las PASO comenzó “un espiral de excesos de los funcionarios provinciales en cuanto a utilizar indebidamente los bienes y espacios públicos”. Se trató de la distribución de las tabletas a punteros políticos y a quien manejan los merenderos.

Se planteó que se usaron fondos públicos en provecho de terceros, es decir los candidatos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

Según se informó, ante “la falta de impulso procesal de oficio” se interpusieron ante la jueza Virginia Palacios escritos instando la producción de la prueba pendiente.

5. Denuncia por persecución política ante el INADI

EL 13 de septiembre de 2017 después de sufrir “hechos persecutorios” por parte del Gobierno provincial, la entonces candidata a senadora por San Martín, Regina Zulema “Chona” Funes procedió a realizar una denuncia ante el INADI.

Regina Funes y Claudio Poggi.

Tras desempeñarse durante 34 años como enfermera en el CAPS de Potrerillos, fue trasladada sin mediar aviso ni motivo a Bajo de Veliz, distante a más de 100 kilómetros de su domicilio y sin transporte público que vinculara su lugar de residencia con el lugar donde se la enviaba.

El pasado 3 de junio el INADI concluyó que fue discriminatoria la conducta persecutoria realizada por el Gobierno de Rodríguez Saá.

6. Denuncia por la desaparición de $2400 millones de títulos públicos

Los diputados Alejandro Cacace y Gastón Hissa formalizaron una presentación. Expediente FMZ 75148/2018.

En  2017 la Provincia obtuvo ingresos por $2.400 millones con motivo de la operatoria de bonos y/o títulos públicos.

Sin embargo, estos ingresos no fueron registrados en la contabilidad pública (Cuenta de Inversión 2017). Consecuentemente, el saldo final del Tesoro estaría adulterado, es decir, estarían faltando fondos que no se registraron, según los legisladores.

“Teniendo en cuenta que por la magnitud del dinero involucrado no pudo haberse retirado en efectivo, sino mediante complejas operaciones bancarias para insertarlo con apariencias de licitud en el mercado financiero. Se está investigando el delito de lavado de activos que es de competencia federal, además, de otros delitos comunes como defraudación al Estado y asociación ilícita, entre otros”, señala el informe que resume las causas.

En este expediente se ha producido numerosa prueba informativa a la Cámara de Diputados,  Senado y Tribunal de Cuentas. Además se ha levantado el secreto fiscal a efectos de que el Banco Supervielle, el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores S.A. y la U.I.F aporten pruebas.

Es inminente el vencimiento de los plazos para que contesten nuevos oficios la Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. Se libró por el juzgado un oficio ampliatorio al Banco Supervielle.

Según se informó “la causa está en pleno avance”.

7. Denuncia por el Presupuesto 2019

Se trata de una causa que se inició a instancias de diputados provinciales el año pasado.

Se trata de una denuncia penal en contra del gobernador Rodríguez Saá, la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, funcionarios intervinientes y también, contra todas aquellas personas y/o funcionarios del Gobierno provincial que pudieren resultar autores o partícipes de los posibles delitos previstos y tipificados en el artículo 248º y concordantes del Código Penal, consistentes en abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

Alberto Rodríguez Saá y la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur.

Luego se amplió la denuncia por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en concurso ideal con los delitos de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios.

La denuncia a los funcionarios provinciales responsables de la confección y presentación del proyecto de presupuesto para 2019, se basa en que “el documento remitido a Legislatura para su tratamiento, violentaba groseramente las normas presupuestarias constitucionales y legales vigentes”.

El proyecto de presupuesto inicial tenía una extensión de seis carillas y básicamente se limitaba a fijar el monto total de gastos y el monto total de recursos en $ 31.489.395.479.

“No tenía ningún tipo de desagregado de gastos y recursos. No había una sola aclaración en qué serían gastados dichos fondos públicos. Era un cheque en blanco al gobernador para que hiciera lo que se le antoje con el dinero de todos los sanluiseños”, afirmaron.

Tras la denuncia funcionarios del Ejecutivo Provincial realizaron la presentación de un nuevo proyecto de presupuesto para el año 2019, con un nuevo cálculo de recursos y desagregado de gastos. Este nuevo proyecto dio lugar a la ampliación de denuncia.

La causa está a cargo del juez Ariel Parrillis.

8. Denuncia por la utilización de La Pedrera para el acto del peronismo K

Ratificada la denuncia y atento a “la falta de impulso procesal” por parte del juzgado interviniente se han interpuesto escritos instando la producción de la prueba pendiente, entre las que se encuentra la declaración testimonial del gerente de La Pedrera y actual candidato a intendente, Maximiliano Frontera.

El peronismo K en el parque pública de Villa Mercedes en marzo de 2017.

La causa está cargo de la jueza Virginia Palacios.

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