Con los estatales por debajo de la línea de la pobreza, piden que se adelanten los aumentos de sueldo

El Sindicato de Empleados Públicos provinciales realizó el primer pedido el 24 de mayo. Propuso que en junio se abonaran los dos siguientes incrementos: el 10% de julio y el 10% de octubre.

Este miércoles 19, en otra nota dirigida al gobernador Alberto Rodríguez Saá, el secretario general Rubén Nemsoff, explicó cuáles son las razones de la solicitud.

Mencionó la necesidad de “paliar el proceso inflacionario”, dado que hasta mayo el índice acumulado es del 20,6% y la interanual alcanzó el 60,9%, según la Dirección Provincial de Estadística.

El gremio aspira que el Gobierno revise la planificación para que los trabajadores "no sigan perdiendo poder adquistivo". En marzo se anunció un aumento salarial del 40% dividido en cuatro etapas con la última cuota en diciembre.

El sindicato advirtió que actualmente los empleados públicos comprendidos entre las categorías E y B no llegan a percibir los $30.337 que se necesitan para no ser pobres. En ningún caso el sueldo supera los $28.232,70.

Únicamente la categoría A, la más alta del escalafón general, logra “sobrepasar levemente” la línea de pobreza.

Por otro lado, insistieron en la situación de aquellos que pertenecen a la categoría F, la más baja en la grilla de la administración provincial.

Estos son empleados que pertenecían al Plan de Inclusión Social y que en 2017 pasaron a la planta como personal transitorio bajo la figura de “contratados”. Cobran sueldos de $11.380,05 y se encuentran por debajo de la línea de indigencia ($12.087).

En este caso el reclamo gira en torno a la recategorización y que sean ascendidos al nivel E.

El gremio le planteó al Gobierno que si no atiende el pedido, “al menos” otorgue una “suma fija de $4.000 a cuenta de los incrementos dispuestos para ser liquidada en planilla complementaria”.