Delitos electorales: una ex funcionaria de Alberto Rodríguez Saá no se presentó a la indagatoria
Silvia Quevedo se excusó porque que se encontraba “fuera de la provincia”. La citación “no le llegó a tiempo”.
La ex directora del Hospital de Nogolí, Silvia Quevedo, había sido llamada para declarar ante el juez Federal, Esteban Maqueda el pasado lunes, pero no se presentó.
Fue citada a instancias del fiscal Federal Cristian Rachid que acreditó que otro elector fue sometido a prácticas ilegales en la causa conocida como votos marcados.
Ahora, el magistrado deberá fijar una nueva fecha para la audiencia. Si bien todavía no está definida, se estima que podría ser en pocos días.
Las razones de Quevedo para no presentarse a la indagatoria se deben a que se no se encontraba en la provincia y “la notificación le llegó tarde”, según informó a elchorrillero.com la secretaria Penal del juzgado Federal de San Luis, Belén Vila.
Por eso, solicitó que se fije otro día para presentarse.
La ex funcionaria ya había sido citada en noviembre del año pasado, pero se abstuvo y quedó procesada por compeler a ciudadanos a votar por los candidatos del Frente Unidad Justicialista.
Otro acusado que debió declarar hace dos días atrás, es Nicando Hilario Amieva. Tampoco concurrió.
Ahora el puntero del Frente Unidad Justicialista presentó un nuevo certificado médico “porque aparentemente ha tenido otro problema de salud y lo mandamos a hacer un nuevo examen médico”, dijo Vila.
A principio de este mes, se conoció oficialmente que Rachid también pidió otra vez la indagatoria a la intendenta de Nogolí, Claudia Pinelli por compeler a cuatros electores, y a Nancy Escudero por uno, pero la semana pasada el juez no hizo lugar a la requisitoria.
La fiscalía apeló esa disposición de Maqueda y ahora deberá resolver la Cámara.
Vila explicó a El Chorrillero que los únicos citados para este lunes fueron Quevedo y Amieva, quien hasta el momento no ha podido ser indagado por razones de salud.
La causa
La denuncia se realizó el 21 de octubre de 2017 por los apoderados del frente opositor que en ese entonces se denominaba Avanzar y Cambiemos por San Luis.
La maniobra consistía en entregar boletas marcadas con el objetivo de identificar a los electores y de esa manera se aseguraban de que votarían a los candidatos de los hermanos Rodríguez Saá. Caso contrario, no se le entregaba el beneficio social o se le quitaba.
Pinelli, que en ese momento era la interventora del Municipio junto a Quevedo, actuaron como fiscal general y fiscal de la escuela.
Por su parte, Escudero y Amieva fueron fiscales de mesa y distribuyeron los votos con un código conformado con una letra y un número. Luego, fueron los encargados de corroborar que en el recuento, esas boletas estuvieran en las urnas.
De acuerdo a la denuncia, la letra “P” significaba Plan de Inclusión Social, la “M” a merenderos, “PB” a Pañuelos Blancos y la “H” a Hospital. Los números servían para identificar a los sufragantes.