Los obstáculos para acceder a la información en San Luis y el rol estatal
Por Nicolás Gatica Ceballos
Los canales de acceso público a los datos están limitados, las oficinas de prensa dilatan las gestiones periodísticas y algunos funcionarios no soportan la idea de responder sobre aspectos coyunturales. Otra vez El Chorrillero vivió un entorpecimiento y un ataque a la libertad de prensa.
El ejercicio cotidiano del periodismo implica la necesidad de interactuar constantemente con la mayor cantidad de fuentes para poder brindar un servicio informativo veraz, que permita el desarrollo democrático. Que garantice el derecho que todos tienen de estar informados.
Este medio cubre los temas que conforman la actualidad, sin estar ligado a imposiciones, con lo cual ejerce el derecho de preguntar con libertad. Pero ese hecho profundiza el hermetismo desde los canales oficiales donde el acceso a la información está bloqueado. A las principales autoridades del Gobierno provincial no le gusta responder las preguntas que lo incomodan.
Cada vez que un periodista de este medio intenta indagar a un funcionario, la contestación (en las escasas situaciones donde contestan el teléfono) se resume a una dilación que al final no responde nada.
La principal alternativa para evadir estas dificultades, es encontrar a los funcionarios de Gobierno en actos oficiales. Cuando se los aborda, en la mayoría de los casos se enojan y en los mejores, guardan silencio. Así la posibilidad de acceder a la información es nula.
Pese a que la Ley nacional de Acceso a la Información Pública Nº 27.275, la Ley Nº V-0924-2015 Régimen de Acceso a la Información Pública de San Luis, y hasta la propia Constitución Nacional (artículos 14 y 31) garantizan la posibilidad de obtener datos oficiales y trabajar libremente, en San Luis ese concepto está obstaculizado y se suma a la expresa utilización del Estado para estorbar el trabajo periodístico.
El caso más reciente
Hoy El Chorrillero fue al acto de inauguración de la Escuela Generativa “Luis B. Luisquiños”, ubicada en el barrio Serranías Puntanas.
Hasta allí se llegó para consultarle al gobernador Alberto Rodríguez Saá sobre la sentencia de La Cámara Nacional de Casación Penal, que ratificó las penas contra el actual ministro de Producción Sergio Freixes y el ex vice ministro de Legalidad Mario Zavala, por hacer amenazas a una jueza en la causa por hacer firmar renuncias en forma anticipada a jueces. Uno de los temas más trascendentes y escandalosos del último tiempo en San Luis.
Desde que este medio pisó lugar, el personal de protocolo del Gobierno intentó obstaculizar la cobertura, como lo hace siempre que El Chorrillero busca grabar entrevistas. Primero instaron al equipo periodístico a ingresar al establecimiento, y así evitar el contacto con Alberto Rodríguez Saá. “No dará declaraciones”, fue la frase que utilizaron.
Pero los periodistas siguieron aguardando en el ingreso para consultar al mandatario. Minutos antes de su llegada, el director de la Agencia de Noticias San Luis, Miguel Fernández, volvió a insistir para que el equipo desistiera de su intento y no se acercara al gobernador.
Fernández fue prepotente, porque elevó su voz. Este cronista le contestó y le dejó en claro que ahí iba a quedarse porque tenía toda la libertad de ejercer su labor.
Una vez que arribó, el gobernador respondió las preguntas de El Chorrillero. “Tengo que leer la sentencia”, dijo al ser consultado por el caso Freixes-Zavala.
Todo el tiempo, Fernández obstaculizó a este cronista, inclusive intentó correr el brazo con el que sostenía el micrófono.
Fernández también bloqueó la labor del camarógrafo, a quien quiso prohibirle el ingreso al establecimiento.
A lo largo de la cobertura Fernández se dirigió incorrectamente hacia sus colegas; siempre trató de afectar el trabajo periodístico y quiso que la labor fuese una odisea.
El vicegobernador electo y su ataque a El Chorrillero
El Chorrillero consultó al vicegobernador Carlos Ponce, el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich y el ministro de Gobierno Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, en referencia a la sentencia que se conoció en las últimas horas.
Todos prefirieron mantener silencio a las consultas, manifestando que no iban a opinar sober el contenido del fallo. Sin embargo, Mones Ruiz no sólo se negó a dar declaraciones (lo cual estaba en todo su derecho), sino que ante la falta de argumentos decidió atacar a este medio, afirmando que hacía “periodismo militante”.
La insólita e innecesaria reacción, no fue en buenos términos y sorprendió a unos cuantos. Después de decir que el Gobierno que representa “siembra esperanza”, se fue masticando chicle.
Tanto el mal funcionamiento de los canales de acceso a la información pública, las dilaciones de algunos jefes de prensa, las actitudes de funcionarios públicos como Fernández o la reacción del ministro Mones Ruiz, recientemente electo como vicegobernador de San Luis, atentan contra la plena libertad de prensa, son un obstáculo en la pluralidad de voces y alimentan la monopolización de la información.