Las empresas de transporte interurbano admiten que se agrava la crisis
Con el agua en el cuello algunos empresarios salieron a hablar. Señalaron que “se está haciendo insostenible el sistema” y no ven otra solución que la Provincia baje los subsidios para pagar la deuda y el aumento.
Este lunes hubo nuevas audiencias en la Oficina provincial de Relaciones Laborales para destrabar el conflicto en el transporte interurbano de pasajeros. La UTA inició esta tarde un paro en reclamo de la deuda que las compañías mantienen con los empleados y una nueva escala salarial que se acordó a nivel nacional.
En las reuniones, los responsables dieron a conocer “la imposibilidad” de afrontar estos pagos y por eso desde el gremio convocaron a una huelga por tiempo indeterminado.
El 1º de enero los gobiernos provinciales asumieron directamente el sostenimiento del sistema de transporte pasajeros porque la Nación redefinió el esquema de subsidios para el sector.
“Fue un golpe muy duro para el sistema de transporte, especialmente en San Luis”, sostuvo el gerente de Sol Bus, Raúl Sosa.
Apenas arrancó el año en el resto del país, los gobernadores bajaron los fondos nacionales a las empresas para garantizar que las empresas salieran a la calle y mantener el precio de boleto. Acá Alberto Rodríguez Saá optó por no distribuir los recursos e hizo un desembolso extraordinario de $35 millones después de un paro de casi dos semanas hace unos meses.
“En el resto de las provincias, el Estado provincial se ha hecho cargo. Estamos a la espera de ver que solución podemos llegar a tener”, indicó en declaraciones a El Chorrillero.
Sosa también hizo referencia al pedido que realizaron al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá para que “posponga el pago del primer vencimiento de la cuota del préstamo”. En marzo, el mandatario provincial otorgó un “paliativo” de $35 millones para que las empresas pudieran “solventar sueldos, insumos y operatividad”.
Explicó que la solicitud se realizó debido a que “la situación cada vez se agrava más y se está haciendo insostenible el problema”.
El empresario explicó que “sin los subsidios el boleto mínimo debería estar a $75”, pero a su vez esto “es imposible para los usuarios”. Mencionó también que el servicio “está funcionando menos que el año pasado”.
Por otra parte, Sosa manifestó que han advertido “una desmejora total en las empresas” luego de que el Gobierno provincial diera marcha atrás en las readecuaciones de tarifas que estaban previstas para mayo y junio. “Teníamos contempladas esas actualizaciones”, precisó.
De la misma manera se pronunció el gerente de Blanca Paloma, Roberto Pérez, quien insistió en que el transporte está inmerso en “una grave crisis que se está tornando insostenible”.
Planteó que, si bien “la tarifa alta es complicada para los usuarios”, las compañías tenían la suba “dentro de los potenciales ingresos”.
“La expectativa está centrada en lo que pueda hacer el Gobierno por las empresas y los usuarios”, concluyó.
“Es una realidad, estamos endeudados y no tenemos una salida porque además el servicio mermó mucho debido a la gente no tiene cómo viajar”, declaró la propietaria de María del Rosario, Rosa Gómez.
El próximo miércoles habrá una nueva audiencia para intentar destrabar el conflicto.