Interurbano: el servicio será normal esta semana
El secretario General de la UTA, Iván Piñeyro, confirmó que respetarán la conciliación obligatoria. El viernes habrá una nueva audiencia en Relaciones Laborales de cara a la negociación.
Este martes alrededor de las 17 los choferes se reunieron en una asamblea para determinar las acciones a implementar de cara a la crisis que atraviesa el sector.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) había advertido la posibilidad de un paro para este miércoles en caso de que las empresas no pagaran lo adeudado, pero finalmente resolvieron respetar las instancias establecidas por la conciliación obligatoria.
El principal reclamo que lleva adelante el gremio corresponde a la actualización de la escala salarial, en sintonía con el acuerdo que se materializó en la provincia de Buenos Aires. También exigen el pago de los haberes de julio.
“Ante tan dura situación económica que estamos atravesando, una vez más velamos para que se dé una solución de carácter urgente a nuestros afiliados”, expresó el secretario General Iván Piñeyro.
Por su parte el secretario Gremial Lucio Orozco, informó en diálogo con elchorrillero.com que continúan sin respuestas concretas por parte de las empresas.
A su vez desde la secretaría de Transporte aseguran que trabajan en un nuevo esquema de cara al servicio, pero se desconocen los datos sobre la medida.
Así, hasta la publicación de esta nota el panorama es incierto. Lo único específico es que la conciliación obligatoria tiene “vigencia hasta el 16 de agosto”, por lo que en dicho plazo no deberían generarse interrupciones a los usuarios.
“Vamos a respetar la conciliación obligatoria. Estamos a la espera de una reunión tripartita, tenemos la confianza y la fe de que la reunión saldrá bien”, señaló.
Este viernes mantendrán un encuentro en el programa de Relaciones Laborales, donde esperan analizar las propuestas que se dispongan. De no encontrar una alternativa que se ajuste a los requerimientos, los trabajadores decidirán en asamblea las acciones a aplicar.
La crisis del transporte arroja un panorama en el que las empresas experimentan una crisis financiera con la que se les hace imposible efectivizar lo adeudado.
De hecho los empresarios han manifestado que de continuar la situación, podría generarse la “cesación del pago” o incluso “el retiro de los servicios”.
El conflicto se remonta a principios de año, cuando el Gobierno nacional redefinió el esquema de subsidios con el que se hacía frente a los gastos de transporte. La nueva metodología permite a las provincias hacerse cargo del servicio.
San Luis por su parte se expone a un panorama desalentador dado que el gobernador Alberto Rodríguez Saá rechaza bajar los fondos nacionales. Así se posiciona entre las únicas dos jurisdicciones (con Formosa) que no adhieren al acuerdo.
Un punto en coincidencia que poseen las empresas y la UTA, es la necesidad de la conformación de una mesa tripartita que genere finalmente una salida a las dificultades.
Sin embargo no han podido participar de una negociación en dichos términos desde marzo, cuando el Gobierno provincial propuso destrabar el conflicto mediante la entrega de un préstamo de $35 millones.
En concreto, el Gobierno provincial no da respuestas que planteen una solución de raíz, no abre las negociaciones en una mesa tripartita ni dan a conocer los lineamientos de lo que proyectan como salida a la crisis del transporte.