La UTA responsabilizó al Gobierno provincial por el conflicto en el transporte interurbano
En medio del conflicto, el gremio mantuvo una reunión con el secretario de Transporte, Diego González pero “no hubo avances en los reclamos”. El paro por tiempo indefinido se mantendrá.
Esta mañana trabajadores de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se manifestaron frente al Registro Civil para exponer los incumplimientos salariales que hoy tiene a toda la provincia sin transporte.
Desde el sindicato señalaron al mediodía que el Gobierno provincial “es el único responsable” de la situación por la que atraviesa el interurbano.
Según sostuvo el secretario adjunto, Carlos Rivas, esta mañana mantuvieron un encuentro con González pero siguen “con las mismas respuestas negativas”.
“Volvemos de nuevo a lo mismo. Estamos reclamando desde principio de año. Esperábamos que hoy nos dieran por lo menos un principio de acuerdo, que hayan tenido una conversación con las empresas pero no lo han hecho”, manifestó.
Rivas también indicó que el funcionario “comunicó que hablará con las compañías” en el transcurso de la tarde.
Sobre garantizar un servició mínimo, afirmó que “no están en contra” de llevarlo a cabo, pero los choferes “no quieren realizarlo”.
“Si las empresas no cumplen con el pago de la deuda y la nueva escala, no pretenden hacerlo”, agregó.
“Lo único que queremos es que Transporte, como ente controlador, garantice el servicio al usuario”, agregó.
Sobre este punto UTA hace hincapié sobre “la falta de diálogo” que existe para resolver la crisis. La mesa tripartita que se planteó con ese propósito “nunca se realizó”.
“No hay ningún tipo de comunicación y no hay soluciones. Directamente no hay propuestas porque no hay debate, nada”, explicó el secretario general Ivan Piñeyro a El Chorrillero.
La medida de fuerza rige desde las primeras horas de este miércoles y abarca a todas las empresas (Polo, Polo Sur, Panamericana, Blanca Paloma, María del Rosario y Sol Bus).
Las razones de esta “abstención laboral indefinida” se deben a la falta de pago de las escalas salariales y una deuda de “arriba de los $30 mil por cada trabajador”.
La crisis en el sector data desde comienzo de este año, cuando el Gobierno nacional decidió reestructurar el sistema subsidiario y lo puso en manos del Estado provincial.
A pesar de ello, Rodríguez Saá se niega girar estos fondos.