Con otro parche el Gobierno provincial hizo levantar el paro del interurbano

En una reunión desarrollada en el edificio administrativo de calle Ayacucho, de la que participó la secretaría de Transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas, determinaron la normalización del servicio.

“Podemos decir que la entidad gremial dejó sin efecto la medida”, confirmó el secretario de Transporte, Diego González, en declaraciones a la prensa.

Asimismo algunas compañías (Polo y Blanca Paloma) seguirán afectadas por la interrupción de las actividades dado que no han abonado los sueldos de agosto.

El servicio público de pasajeros tanto urbano como interurbano arrastra una crisis desde principio de año a raíz desfinanciamiento del sector por parte del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

“Fue una propuesta acotada, pero propuesta al fin. Se trata de algún dinero que aportarán para saldar deudas a los efectos de pagar los sueldos; son dos puntos principales, salarios con escala vigente y 3 cuotas para la deuda con los trabajadores”, señaló Roberto Pérez de Blanca Paloma.

“Solamente es eso, se ha solucionado una parte que es la de los trabajadores, pero resta la cuestión operativa de las empresas”, añadió.

El conflicto en San Luis se aproximó otra vez a un punto límite, donde incluso referentes del sector hablaron de un “colapso”. De hecho se vieron directamente afectados los usuarios, que tuvieron que recurrir a otras opciones más caras para cumplir con sus obligaciones diarias.

Los problemas datan desde principios de este año cuando el Gobierno nacional reestructuró el sistema subsidiario y lo dejó en manos de las provincias que asumieron la responsabilidad. Por una decisión política, Rodríguez Saá se excluyó de la modalidad y decidió no asistir con fondos al transporte público.

Recién ahora, tras seis días de interrupción total, accedieron a una solución que por el momento sólo es paliativa.

“Una vez más el Gobierno se pone al hombro la situación para salir del paso. No es una solución para los próximos 20 años, lo que se planteó es un escenario donde la UTA (…) seguía un plan de lucha al igual que en todo el país, para lograr el último aumento y una deuda por diferencia de escalas salariales”, explicó González.

A diferencia de sus pares Alberto Rodríguez Saá no se hace cargo de la responsabilidad por los inconvenientes que se les ocasionó a los vecinos, sino que culpó al Gobierno de Mauricio Macri por la reestructuración.

“(…) produjo un gran perjuicio a 15 provincias, que lo han sufrido de una manera que está a la vista. Los distritos que han quedado exceptuados de esa media repudiable fueron Ciudad de Buenos Aires, el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y algunas provincias que tienen cercanía política (con la Nación)”, dijo.

Según se acordó, lo que hará el Gobierno puntano es aportar fondos de acuerdo a la cantidad de trabajadores de cada empresa. Consiste en una compensación por la diferencia salarial para que los choferes puedan percibir la escala actualizada.

Se trata de la segunda medida que se aplicó para frenar la crisis provincial del transporte. La primera fue en marzo cuando las empresas fueron beneficiarias de un préstamo que estaba destinado al pago de sueldos.

Según González, los términos del acuerdo garantizan que el dinero girado por la Provincia sea destinado a la actualización salarial. Estas prestaciones se efectivizarán en los próximos días.

Por otro lado agregó que las empresas que aún no han abonado los sueldos de agosto “irán resolviendo (el pago) con el correr de las horas”, para una normalización total.

También referenció sobre los pedidos a la cartera de Transporte nacional, en los que plantean la “celebración de un convenio que respete la autonomía provincial”. Según afirmó, por el momento no hay novedades.

Por último dijo que la intención de la medida provincial para reestablecer el servicio obedece a la intención de que “no haya conflictos hasta diciembre”, pero no pudo garantizar que se mantenga la normalidad hasta la fecha, dada la “realidad del país”.