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Tragedia de Zanjitas: a Mabel Tyempertyopolos la absolvieron por el “principio de la duda”

La dueña de Polo estaba acusada de homicidio culposo y lesiones graves por el accidente que en el 2011 se cobró la vida de seis alumnas y dos docentes del Colegio Santa María. Las familias de las víctimas se retiraron con dolor y en silencio. “Sabíamos que iba a pasar esto”, dijeron. 

El Tribunal absolvió a la dueña de la empresa Polo.
Actualizada: 11/09/2019 23:25
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Por Antonella Camargo

Este miércoles alrededor de las 18 culminó el segundo juicio por la tragedia que conmovió a la provincia y al país. El 2 de noviembre del 2011, 38 niñas y 6 docentes del Colegio Santa María realizaban una misión religiosa y solidaria cuando el colectivo en el que viajaban fue embestido por un tren.

Hubo 8 víctimas fatales: Salomé (11), Julieta (10), Iara (10), Paula (11) y Luz María (10) y Daira (10); y sus maestras Jésica (23 años) y María Virginia (30 años).

Los jueces Hugo Saá Petrino, Gustavo Miranda Folch y José Luis Flores decidieron por unanimidad esta tarde absolver a la dueña de Polo, Mabel Tyempertyopolos. La empresaria estaba acusada de homicidio culposo y lesiones graves.

Si bien los fundamentos de la decisión de los magistrados se conocerán dentro de siete días hábiles, el principal argumento que plantearon para la determinación fue “el principio de la duda”.

Los abogados patrocinantes de las víctimas, Daniel Gorra, José Luis Dopazo, Néstor Nobile, Héctor Zabala Agüero y Jorge Sosa habían pedido una “pena ejemplificadora”.

Mientras que el fiscal de Cámara, Fernando Rodríguez solicitó que sea condenada a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación para gerenciar o dirigir empresas vinculadas al transporte.

Tras dar a conocer el veredicto, los familiares de las víctimas de retiraron de la sala de la Cámara Penal Nº2 en silencio y con dolor. Habían llevado una imagen de las pequeñas que las acompañó en todo el juicio.

El debate oral se inició ayer, y cinco personas dieron su testimonio. Declararon ante el Tribunal, empleados de Polo y autoridades del Colegio Santa María.

La empresaria junto a su abogado y el médico psiquiatra.

“No hay prueba objetiva o subjetiva que demuestre que conocía del viaje”

A lo largo de más de una hora, el defensor de la acusada, Marcos Juárez realizó sus alegatos. Lo hizo acompañado de noticias sobre accidentes, leyes vigentes, imágenes de lo que fue la tragedia y afiches.

Cuando expuso la defensa y cuando leyó el veredicto fueron los únicos momentos de Tyempertyopolos dentro de la sala. Antes permaneció afuera por su decisión y también por la del médico psiquiatra.

Entre sus argumentos, Juárez emplazó que la Ley de Transito Nacional no era la misma que regía en San Luis.

“Es esta cadena de evitabilidad el último eslabón es ella”, dijo, y en base a esto desarrolló sus alegatos.

Mencionó la imprudencia del chofer del colectivo, y la violación a la ley por parte del Estado Nacional debido a que en el lugar del accidente había falta de señalización.

El abogado de la defensa durante su alegarto.

Explicó que no hubo una falta de descanso del conductor. “El convenio prevé 8 horas de trabajo y 4 de extras. Lo que se debe respetar son las 12 de descanso. La jornada estaba cumplimentada”, detalló.

También descartó la falla mecánica del colectivo y que la reglamentación fuera la de un transporte escolar; aseguró que el servicio se adecuó a uno “contratado” donde no se exigía el cinturón de seguridad.

Planteó la responsabilidad del Colegio y no la de la empresa “a la que contrató”.

“Si ella (por la acusada) no podía conocer la existencia del viaje, mucho menos lo podía evitar”, subrayó.

Consideró que el empleado Felipe Grillo (quien se encargó de enviar el colectivo pese a la falta de autorización), “debería estar sentado” como acusado.

“Ella actuó bajo el principio de confianza hacia Grillo”, añadió.

“El primer límite es el principio de inocencia. Debe comprobarse su incidencia en el accidente y la muerte de las niñas”, alegó Juárez. Con ello pidió su absolución.

El abogado quiso terminar con una reflexión sobre el libro “Camino a la eternidad”, pero la emoción se lo impidió y tuvo que dar fin a su defensa.

Después, la acusada habló ante el Tribunal y pidió “disculpas” por el “shock” en el que entró ayer durante su declaración.

“Mi abogado defensor dijo absolutamente toda la verdad de lo que ha sucedido. A su vez dijo que “hay cosas que los padres no saben, que son totalmente la verdad” y que ella las podría “probar”.

“Pido disculpas si ellos piensan que yo tuve alguna culpa. No iba a hacer ese viaje si Grillo me decía que no estaba el permiso”, concluyó.

“Tyempertyopolos no supervisó ni los micros ni el cumplimiento de las normas vigentes”

El fiscal de Cámara, Fernando Rodríguez aseveró en primer lugar que “los hechos del día del accidente y las circunstancias son inamovibles”.

Está absolutamente acreditado que la imputada era responsable de la empresa y no cumplió con el deber de evitación”, aseguró.

Manifestó que el conductor estaba “sobrecargado de tareas” y que el colectivo no tenía cinturones de seguridad. “Varias de las víctimas fatales fueron las que salieron despedidos”, cuestionó.

En este sentido, dijo que por la falta de bodega el equipaje iba suelto y “cualquier imprevisto hacía que esto ponga en riesgo a las personas que allí viajaban”.

“Claramente quedó demostrado que Tyempertyopolos no supervisó ni los micros ni el cumplimiento de las normas vigentes”, por lo cual la consideró “autora material” de los hechos.

El fiscal durante su alegato.

Los alegatos de los particulares damnificados

Desde las 11, las partes debieron realizar los alegatos. El primero fue el doctor Daniel Gorra, quien representó a una de las víctimas fatales, Luz María Bianciotti.

Planteó la culpabilidad de Tyempertyopolos debido a que hubo una contratación del colectivo en forma “totalmente irregular” entre el establecimiento educativo y la empresa. Agregó la falta de documentación de la unidad, del listado de pasajeros y de la habilitación.

Hizo énfasis en una “inobservancia de la imputada de los deberes propios de su actividad y la conducta negligente”. En esto, argumentó con la gran trayectoria y experiencia de la acusada frente al sector del transporte.

Indicó que la empresaria tenía obligaciones en su situación de “garante” que no fueron respetadas. “Este resultado era evitable”, subrayó.

Así pidió una pena "ejemplificadora” porque las familias “tienen que cerrar este litigio”.

Seguidamente hizo su exposición, José Luis Dopazo en representación de 19 familias. Mencionó el juicio anterior contra el conductor del colectivo y preciso que “se han comprobado las lesiones físicas y psicológicas”.

Cuestionó el “desorden” en la organización de Polo y que eso era “una fuente de peligro”. A su vez, expresó que no se cumplía con la Ley Nacional de Tránsito.

“La mayoría de las nenas fueron despedidas del colectivo. No hubiera pasado si tenían cinturones de seguridad”, remarcó.

Afirmó que “el dolor y la angustia de la imputada no pueden compararse con el de los padres que perdieron a sus hijas o de quienes la tienen con graves daños psicológicos”

“Fue el día más triste para los puntanos y se pudo haber evitado”, añadió.

Por su parte, Néstor Nobile, quien patrocinó a las víctimas que sufrieron lesiones irreparables en sus miembros, insistió en que las familias estaban esperando “una respuesta” y existían “los elementos suficientes” para que sucediera.

Por eso, manifestó la responsabilidad de Tyempertyopolos y que no puede desligarse de esta.

Más tarde, Héctor Zabala Agüero planteó que la acusada “no podía ignorar cuáles eran los deberes que estaban a su cargo”, en su posición de garante.

Dijo que los vehículos además de cinturones debían contar con bodegas para el equipaje. “Alguien que se dedica a esto hace 30 años debería saberlo”, criticó.

“Obviaron las normas que rigen en el transporte público de pasajeros (…) Había una intención de obtener un rédito económico”, cuestionó.

Finalmente fue el turno de Jorge Sosa quien remarcó que el accidente pudo haber evitado “si se respetaban las normas vigentes”.

Mencionó que el chofer estaba excedido de horas laborales, algunos pasajeros iban parados y la unidad no contaba con autorización del ministerio de Educación y de la secretaría de Transporte.

“Se asignó un colectivo con una capacidad de pasajeros menor a la que viajaba. (…) Se violaron normas básicas”, siguió.

Aseguró que “se hubieran salvado muchas vidas”.

Fotos: Marcos Verdullo.

Video: Víctor Albornoz.

Edición: Nicolás Miano.

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