La Corte ordenó que la Justicia Federal investigue a Alberto Rodríguez Saá por el subsidio de $80 millones
Dos años después de la denuncia realizada por diputados de San Luis Unido por el giro de fondos a la Fundación Mujeres Puntanas, el Alto Tribunal resolvió el incidente generado porque los jueces locales tanto del fuero federal como provincial se habían declarado incompetentes. Apuntan que hubo desvío de fondos.
En octubre del 2017, el gobernador Alberto Rodríguez Saá y varios integrantes de la cúpula del Gobierno provincial fueron denunciados por haber entregado en tiempo récord un subsidio de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas que preside Gisela Vartalitis, esposa de Adolfo Rodríguez Saá.
Los fondos del Estado provincial fueron transferidos a la entidad durante la campaña electoral en la que los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá fueron candidatos a senadores nacionales titular y suplente por el Frente Unidad Justicialista.
Durante estos dos años, los jueces provinciales y nacionales en San Luis se declararon incompetentes. Hoy se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dispuso que en la causa por la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, y fraude en perjuicio de la administración pública, intervenga la Justicia Federal.
La denuncia, estuvo encabezada por el diputado provincial Alejandro Cacace. También firmaron la acción Juan Manuel Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Ingrid Blumencweig y Sergio Guardia. Están patrocinados por los abogados Roberto Pagano, Ricardo Endeiza, Jorge Sosa y Antonio Capello.
Además del gobernador, están sospechados el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Sergio Freixes y Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y Vartalitis.
De la acusación se desprende que los fondos girados a la Fundación en una sola cuota, habrían estado destinados a la compra de electrodomésticos, que luego fueron entregados en actividades proselitistas para sostener las candidaturas de los hermanos Rodríguez Saá.
Se sostiene que los fondos del Estado fueron a parar a la entidad para ser usados en beneficio de la campaña partidaria del gobernador y su hermano.
En un primer momento, el juez Federal, Juan Maqueda desdobló la denuncia y sobre los delitos que podrían haber provocado un perjuicio en tesoro del Estado desligó la responsabilidad a la Justicia provincial.
Más tarde, el juez Penal de turno en ese momento, Sebastián Cadelago Filippi también entendió que no le correspondía hacerse cargo de la causa.
En la decisión de la Corte, el procurador general de la Nación, Eduardo Ezequiel Casal, argumentó que le corresponde a la Justicia Federal “incorporar los elementos necesarios para darle precisión y resolver” la investigación.
Fue en base a esto que el 13 de agosto, los integrantes de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti determinaron enviar la denuncia al Juzgado Federal de San Luis.
El 29 de agosto se formalizó la comunicación al juez Penal N° 1 provincial.