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Cacace: “Hubo desvío de fondos, los 80 millones del presupuesto fueron para una campaña del PJ”

El diputado provincial se mostró satisfecho por la decisión de la Corte Suprema de que la Justicia Federal investigue a Alberto Rodríguez Saá y un grupo de funcionarios por el subsidio a la Fundación Mujeres Puntanas. Pidió que se avance en “forma urgente” con la causa penal.

La denuncia fue realizada en octubre del 2017.
Actualizada: 26/09/2019 13:46
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Por Antonella Camargo

“Estamos de acuerdo con la decisión de la Corte. Es lo que habíamos solicitado nosotros hace tiempo. Consideramos que corresponde a la Justicia Federal porque es donde habíamos radicado la denuncia”, consideró el diputado provincial, Alejandro Cacace. Él junto a otros legisladores de San Luis Unido habían firmado la acción en octubre del 2017.

Este miércoles se conoció la determinación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre la denuncia radicada hace dos años contra el primer mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá por entregar un subsidio de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas que preside la esposa de Adolfo Rodríguez Saá, Gisela Vartalitis.

El Alto Tribunal resolvió que la Justicia Federal será la encargada de llevar adelante la investigación que involucra al gobernador y a varios integrantes de su gabinete. Están sospechados por la posible comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, y fraude en perjuicio de la administración pública.

Cacace se lamentó porque “haya pasado tanto tiempo”. “Han transcurrido prácticamente dos años desde que hicimos la presentación. Se ha perdido mucho tiempo valioso para investigar, también las pruebas se dificultan, pero estamos satisfechos”, planteó.

Inicialmente, el juez Federal, Juan Maqueda pasó la responsabilidad a la Justicia provincial. Y diez días más tarde, Sebastián Cadelago Filippi también entendió que no le correspondía asumir el compromiso de la causa.

“Nadie se quería hacer cargo de la papa caliente. Cuando está involucrado el poder, está denunciado el gobernador y varios ministros, los jueces le escapan a eso”, cuestionó al respecto el diputado.

En este sentido, también criticó la Justicia de San Luis: “Nunca nos ha dado garantía suficiente de su actuación así que no queríamos que terminara ahí”. “Además de las cuestiones de competencia, nos da garantía de que hay una acción más imparcial”, agregó sobre la intervención del organismo nacional.

La denuncia recae igualmente sobre el vicegobernador, Carlos Ponce; los ministros Producción, Sergio Freixes y de Hacienda, Natalia Zabala Chacur; el contador General, Daniel Marone; Adolfo Rodríguez Saá y Vartalitis.

Los fondos habrían sido destinados a la compra de electrodomésticos, que luego fueron distribuidos en actos proselitistas para sostener las candidaturas a senadores nacionales titular y suplente de los hermanos Rodríguez Saá.

Respecto a la causa, en declaraciones a El Chorrillero, Cacace subrayó que fue “un monumental hecho de corrupción avalado por el gobernador” y por eso “merece ser sancionado”. A su vez, dijo que Rodríguez Saá es “el principal responsable” porque “en definitiva es quien otorgó un subsidio para una institución que no era de bien común sino que estaba destinada a una campaña política”.

“No podemos permitir que el dinero público de nuestros ciudadanos se use tan grotescamente para hacer política partidaria”, insistió.

Por otra parte, Cacace hizo referencia a las causas en las que Maqueda fue recusado por su amistad con el gobernador y mencionó que “los juicios que se han podido llevar adelante en San Luis sobre cuestiones sensibles han terminado siendo con jueces que han subrogado de afuera”.

“Nos conocemos todos en San Luis, sabemos cómo son las relaciones y el vínculo con el poder y la única manera de garantizar la imparcialidad es que sea alguien de afuera (…) Que haya personas no vinculadas a la provincia es lo que nos da poder de resolución”, argumentó.

Asimismo, pidió una “urgente investigación”. “Han pasado dos años solo para poder resolver quién debía hacerse cargo. Ahora que está decidido que se dé curso a ese proceso sancionatorio y que termine con la condena a los responsables”, añadió.

“Venimos con muchas fallas en la transparencia. El gobernador hace gastos reservados y no los rinde, entrega millones de pesos a los medios de comunicación y no se conoce a quienes”, concluyó.

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