Licenciados en obstetricia juntaron firmas para presentar una ley que regule la profesión

Por Nicolás Gatica Ceballos

El contexto que atraviesan los profesionales obstetras está desvalorizado, sostienen. El campo de estudio posee un amplio compendio de conocimiento y los especialistas están capacitados para diversas áreas de la atención a la mujer, pero la ley que los regula en la actualidad les impide el desarrollo íntegro de su labor.

Para graficar, la normativa vigente se remonta al año 1967 cuando aún no existía la licenciatura ni la tecnicatura. Además esta reglamentación posiciona a los obstetras como “asistentes” y engloba a otras áreas de la salud.

Esta situación les impide el desarrollo pleno de sus facultades, con lo cual se está trabajando por una ley que definitivamente valorice la carrera.

Actualmente la Cámara de Diputados de la Nación le otorgó la media sanción a una iniciativa que busca establecer “los principios de integridad, ética y bioética”, desde un enfoque de derechos humanos y género.

Para ello en distintas provincias han promovido actividades para juntar firmas y concientizar sobre el rol de la obstetricia. El 31 de agosto, fecha en que se conmemora el día de la profesión, se concretaron actividades en simultáneo en todo el país para visibilizar la situación.

Acciones en San Luis

Este sábado desde las 10, un grupo de obstetras se instalaron en la Plaza Pringles con el objetivo de juntar firmas que acompañarán la presentación de un proyecto de ley a nivel provincial.

Esta semana mantuvieron una audiencia con diputados de San Luis Unido para abordar la propuesta. En base a la reunión consideraron la necesidad de recabar adhesiones para la conformación de la redacción final.

El Chorrillero dialogó con Mara Garro y Fiamma Escudero, licenciadas en obstetricia. Ambas coincidieron en que los antecedentes más recientes datan de 2012 cuando se había presentado un proyecto en el orden nacional con un colegio de obstetras, pero no avanzó en senadores.

Ahora trabajan para que, independientemente de lo que ocurra en el país, se puedan establecer las condiciones necesarias a nivel provincial para contar con un marco jurídico.

“En nuestro ejercicio tenemos apertura en el sistema de salud pública, pero en lo que refiere al sector privado las obras sociales no reconocen ningún pedido que venga firmado por una obstetra. Nos movilizamos para ampliar nuestro campo, estamos capacitados para esta función”, sostuvo Garro.

Si bien las profesionales se encuentran aptas para recetar determinadas cuestiones, la ley les impide firmar algunos certificados. Por ejemplo, si tienen que indicarle a una paciente un antibiótico requieren de la intervención de un médico para que firme la orden.

Esta situación genera dilaciones innecesarias. Aun así esto se dificulta con mayor énfasis en el interior, y en particular en los parajes, en los que se desempeñan obstetras y no hay médicos.

“La obstetra atiende a la mujer en todas las etapas, no sólo en el embarazo. Pero no es posible que indiquemos un anticonceptivo, dependemos de la firma del médico”, señaló Escudero.

La incógnita que se plantean de cara a la ley actual, es cómo se pueden resolver las situaciones en las que precisan ejercer su rol de un modo genuino y urgente para asistir a la mujer, sin la intervención de un médico.

“Tenemos 5 años de formación, para recibirnos tenemos que hacer una tesis, somos profesionales y necesitamos una ley que nos ampare”, expresaron.

Por ahora lo que sucede es que el ministerio de Salud de San Luis les permite el desarrollo de determinadas actividades, pero en caso de haber un inconveniente no hay un marco jurídico que ampare a los especialistas.

Ahora el 9 de octubre presentarán las firmas y el proyecto elaborado para que inicien los procesos legislativos.

Por lo pronto dejaron expuestas sus necesidades y especificaron su rol en los equipos de salud, para comprender la importancia de la ley:

• Disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil.
• Mejorar la satisfacción de la demanda de salud sexual y reproductiva.
• Prevenir embarazos no deseados.
• Promover la salud sexual de los adolescentes.
• Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, VIH-SIDA y patologías genitomamarias.
• Ayudar a proveer a la población información, orientación, consejería, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud reproductiva.
• Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud, empoderando cada uno sus derechos.
• Contribuir a la capacitación de la comunidad con conocimientos vinculados a la salud sexual integral y la procreación responsable.
• Detectar oportunamente factores y conductas de riesgo y derivarlos al servicio de referencia correspondiente.