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Causa de los $80 millones: la Justicia Federal investiga el financiamiento del PJ y si hubo lavado de dinero

Si bien la Corte Suprema resolvió recientemente la competencia, el fiscal Cristian Rachid y contadores del Procelac ya vienen avanzando en la causa, analizando aspectos como el destino de los fondos que el gobernador Alberto Rodríguez Saá entregó a la fundación de su hermano.

En setiembre de 2017 el Gobierno transfirió a la fundación $80 millones.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 30/09/2019 08:49
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Por Antonella Camargo

El pronunciamiento del Alto Tribunal implica que la causa por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública, se investigará en la Justicia Federal.

Tras la confirmación de la competencia, este medio consultó al fiscal, Cristian Rachid quien señaló que desde octubre del año pasado viene promoviendo medidas.

Están involucrados en la denuncia que hizo en octubre de 2017 el actual bloque de Diputados de San Luis Unido, el gobernador Alberto Rodríguez Saá; vicegobernador Carlos Ponce; los ministros de Natalia Zabala Chacur y Sergio Freixes; contador General, Daniel Marone; senador Adolfo Rodríguez Saá y la esposa, Gisela Vartalitis que preside la Fundación Mujeres Puntanas.

“Está acreditado que la Fundación recibió los fondos”, señaló. Ahora deben establecer el direccionamiento del dinero “peso por peso”.

“Si se le dio el destino que estaba previsto en el convenio entre la institución y el Estado, y si no se cumplió a dónde fue el dinero”, consideró el fiscal en declaraciones a El Chorrillero.

En setiembre de 2017 el Gobierno transfirió a la fundación $80 millones. El envío de los fondos que se tramitó en el ministerio de Medio Ambiente y Producción a cargo de Sergio Freixes, se hizo en tiempo récord y a 50 días de las elecciones en la que se postularon los hermanos Rodríguez Saá como candidatos a senadores nacionales titular y suplente.

Fiscal Cristian Rachid.

El fiscal explicó que en “el caso de que pudiera haber lavado, eventualmente se iría la imputación a la Justicia Federal y el delito precedente al lavado, que es el que originaría los fondos ilícitos (malversación, sustracción de caudales públicos o defraudación) ya se tendría que ir a la Provincia”.

Mencionó que ya se realizaron diversas órdenes de presentación y que la última fue hace aproximadamente un mes en donde se secuestró documentación contable de Mujeres Puntanas.

Esos registros, ahora están siendo analizados en colaboración con los contadores Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Nación (Procelac). “He conseguido que me ayuden a hacer la investigación técnica contable sobre los movimientos de fondos de la fundación”, manifestó.

El fiscal dijo que la causa sigue su curso y es “sumamente compleja” debido a que deben “seguir la ruta de cada peso desde que entró a la fundación hasta cómo se gastó”.

“Esto no solo se reduce a ver comprobantes y libros contables, sino a determinar la veracidad de eso”, precisó.

A su vez, aseguró que hasta que no haya una “definición expresa” al respecto, todo continuará en manos de la Justicia Federal.

Expediente electoral

Rachid indicó que en este ámbito están abocados a indagar sobre el dinero que entró en la campaña electoral del 2017 a la alianza Frente Unidad Justicialista.

“Se ha emitido un dictamen por el cuerpo de contadores de la Cámara Nacional Electoral que está en Córdoba. Ellos determinaron en base a la documentación presentada por la alianza, que hay $1.400.000 que se adjudica como aporte del partido Compromiso Federal, pero que ese partido no acreditó el origen del fondo”, transmitió.

En base a esto, reveló que solicitó una “sanción pecuniaria”. Se trata de una “infracción formal”, es decir, “por ahí los fondos si tienen explicación lícita, pero el partido no cumplió con su deber de justificarlo”.

“No quiere decir que sean recursos ilícitos, sino que no está rendido como corresponde”, indicó.

La denuncia la firmaron los diputados provinciales, Alejandro Cacace, Juan Manuel Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Ingrid Blumencweig y Sergio Guardia. Están patrocinados por los abogados Roberto Pagano, Ricardo Endeiza, Jorge Sosa y Antonio Capello.

Asimismo, sostuvo que su dictamen no está decidido “ni firme”, sino que ahora el juez Juan Maqueda deberá resolverlo. “Está dentro de los plazos formales porque este procedimiento no solo se aplica a la alianza, sino que a todos los partidos que participaron de la elección”, añadió.

De la misma manera, reveló que la sanción es “la pérdida de un porcentaje de los aportes públicos que les corresponden a los integrantes de esa alianza electoral, para los periodos sucesivos. Se aplica habitualmente, pero lo que podría dispararse, si es que se resuelve como yo dictamino y queda firme, se disparan responsabilidades electorales personales contra las autoridades de esa alianza”.

Además, aclaró que el $1.400.000 “no se puede conectar al día de hoy a la Fundación”. “Si se determinara una ilicitud de fondos manejados por Mujeres Puntanas y que esos fondos de alguna forma desembocan en la alianza ahí sí podría haber otro tipo de lectura”, concluyó.

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