El fiscal general de Australia protegerá a periodistas que filtren documentos sensibles
El fiscal general de Australia, Christian Porter, anunció medidas para proteger a los periodistas que divulguen información sensible de seguridad o defensa, que sólo podrán ser procesados en casos extremos.
La directiva coincide con una investigación de las autoridades australianas contra dos periodistas de la cadena pública ABC y otra del grupo mediático News Corp. por filtrar información que comprometía al gobierno.
Si el Ministerio Público considera que se debe juzgar a un periodista, entonces deberá "requerir el consentimiento del fiscal general como una salvaguardia separada y adicional", dijo Porter hoy en un comunicado.
Si bien el texto no menciona a los tres periodistas ni descarta un potencial proceso judicial, el fiscal general subraya su disconformidad con la imputación de periodistas "excepto en las circunstancias más excepcionales".
La medida permitirá que se dé una "consideración más detallada y cautelosa de cómo debe equilibrarse una acusación de un delito grave con nuestro compromiso con la libertad de prensa", agregó Porter, citado por la agencia de noticias EFE.
La Policía Federal registró a principios de junio la vivienda de la periodista de News Corporation Annika Smethurst por una información sobre los planes del gobierno australiano para dar más poderes a las agencias de inteligencia para espiar a sus ciudadanos.
Al día siguiente realizó un registro a las oficinas de la ABC en Sídney por la filtración de documentos vinculados a presuntos crímenes cometidos por las fuerzas de élite australianas desplegadas en Afganistán, que incluyeron la muerte de niños, utilizados en los llamados "Archivos Afganos" publicados por la televisión en 2017.
Los registros recibieron múltiples críticas, incluidas las de la presidenta de ABC, Ita Buttrose, que aseguró que fueron "diseñados para intimidar" a medios internacionales como la BBC o abogados pro derechos humanos como Amal Clooney, a la vez que impulsaron una comisión parlamentaria para analizar la libertad de prensa en el país.
Australia cuenta desde 2014 con una serie de leyes que criminalizan la divulgación de información vinculada a los intereses de Estado, tipifican nuevos delitos de espionaje y permiten el acceso a los metadatos de los ciudadanos, entre otras prácticas.