Suárez Ortíz: “El intendente no quiere cumplir este protocolo de gestión y rendir información al Concejo”
El concejal de San Luis Unido aseguró que el rechazo de Enrique Ponce a la ordenanza que prevé un traspaso de “gestión transparente no tiene fundamentos” y busca el “entorpecimiento". El jueves el cuerpo tratará de que la legislación quede “firme”.
A comienzos de octubre, el Concejo Deliberante capitalino aprobó por unanimidad el “Protocolo de Traspaso de Gestión Municipal” que fue presentado por los legisladores del Frente San Luis Unido con el fin de “brindar transparencia y seguridad jurídica a la gestión entrante”. El pasado jueves, la normativa fue vetada por el jefe comunal a través del decreto N° 1586-SLyT-2019.
En los argumentos el intendente Enrique Ponce objeta la intervención de los concejales y lo adjudica a una “intencionalidad política”.
“Este veto es un claro ejemplo de la falta de respeto institucional del intendente hacia el Concejo Deliberante”, cuestionó el impulsor del proyecto, Javier Suárez Ortíz. “No comparto en absoluto los criterios que se han vertido en torno a que hubo una intromisión”, agregó en declaraciones a El Chorillero.
Ante esto, consideró que el rechazo del Ejecutivo municipal se debe a que no tienen intención “de cumplir el protocolo y rendir información” a los legisladores.
La ordenanza prevé que el intendente saliente y sus funcionarios presenten informes sobre las finanzas, la infraestructura de la comuna, la cantidad de obras realizadas y las próximas a concluir, las políticas aplicadas durante la gestión, el cumplimiento de pacto o acuerdos, el estado de las secretarias y las reclamaciones e intimaciones extrajudiciales y judiciales. A su vez, prohíbe el nombramiento de personal en el último tramo del mandato.
La aprobación fue por unanimidada principio de este mes. En esa sesión estuvo ausente el bloque San Luis Somos Todos y los concejales de Unidad Justicialista, Juan Domingo Cabrera y Daniel Ferreyra.
Suárez Ortíz planteó que Ponce “no quiere cumplir con un artículo que sostiene que no debe contratar nuevos empleados en los tres últimos meses de gestión. Con la intención de querer vetar ese apartado y no hacerlo directamente dando argumentos, lo hizo con toda la legislación”.
El decretó tomará estado legislativo en la sesión del próximo jueves y allí los concejales tendrán la posibilidad de rechazarlo o aceptarlo. Para declinarlo y que la ordenanza quede firme debe reunir al menos 10 adhesiones.
Finalmente, Suárez resaltó que la Municipalidad “no respeta las decisiones” del cuerpo legislativo. Mencionó que este año se aprobaron nueve pedidos de informe y solo fueron respondidos dos.