El Concejo trataría la próxima semana el veto del intendente Ponce al protocolo de traspaso
La semana que viene la comisión de Legislación del Concejo Deliberante analizará la medida. Estiman que podría salir su despacho para que se trate el 31 de octubre.
Por Nicolás Gatica Ceballos
Este jueves durante la sesión ordinaria tomó estado legislativo el decreto de veto del Protocolo de Traspaso de Gestión Municipal, que buscaba establecer un ordenamiento de cara al cambio de autoridades locales.
Dicha iniciativa, presentada por el bloque San Luis Unido, se había aprobado por los bloques San Luis Unido y la mayoría de los legisladores de Unidad Justicialista con el objetivo de “brindar transparencia y seguridad jurídica a la gestión entrante”.
Fue consensuada por los concejales del bloque que presentaron el proyecto y por los integrantes del Justicialismo. Los únicos que no acompañaron la medida fueron los que responden a San Luis Somos Todos, que se ausentaron al momento de votar la ordenanza. Tampoco estuvieron Juan Domingo Cabrera y Daniel “Negro” Ferreira.
La normativa establecía que tanto el intendente saliente como los funcionarios, debían presentar con un plazo mínimo de 10 días previos a la conclusión de sus cargos, una serie de informes y declaraciones sobre el estado de las finanzas, la infraestructura municipal, las obras ejecutadas y a finalizar, las diferentes políticas aplicadas, el cumplimiento de pactos o acuerdos, las reclamaciones e intimaciones extrajudiciales y judiciales y el estado de las secretarías.
También comprendía la prohibición del nombramiento de personal en el último tramo de mandato. Sin embargo la semana pasada el intendente Enrique Ponce lo vetó a través del decreto 1586-SLyT-2019.
Ponce aseguró que el protocolo irrumpe la Carta Orgánica Municipal y la Constitución provincial teniendo en cuenta que cada Poder debe ejercer “las atribuciones y competencias reconocidas con absoluta autonomía”.
Bajo este análisis, promovió la idea de que en su condición de intendente puede “determinar acerca de la oportunidad, mérito y conveniencia de la implementación de las acciones de gobierno contempladas en su plataforma y proyecto político, siendo en consecuencia juez exclusivo y excluyente de las mismas”.
Según suscribe la letra del veto, a raíz del análisis de la ordenanza en cuestión evidenciaron la colisión de su contenido con los principios republicanos derivados en ordenamientos constitucionales, tanto nacional como provincial.
En este sentido Ponce reconoció “indiscutido” el hecho de que el Ejecutivo local se estructura sobre la base de las divisiones de poderes que “sostienen la esencia republicana de la democracia”.
Por ello interpretó que de alguna manera el proyecto “genera una extralimitación” de las facultades legislativas, fundamentalmente teniendo en cuenta el artículo Nº 4 que define las tipificaciones de las faltas a la ordenanza y las sanciones.
“El instrumento emanado del Concejo Deliberante pone una vez más en evidencia la incontrastable intencionalidad política del cuerpo deliberativo municipal, pretendiendo reglamentar o imponer la realización de actos que correspondan en exclusividad al Ejecutivo, extremo que le convierte en violatoria de las supremas disposiciones normativas contenidas en los artículos 5º, y 123º de la Constitución Nacional y artículos Nº 247, 248, 254, 258, 261, de la Constitución Provincial”, especificó.
“El hecho de traspaso debe materializarse entre intendente saliente y entrante, debe verificarse exclusivamente entre ambos mandatarios, sin que resulte oportuna, necesaria ni conveniente la interpretación del Poder Legislativo Municipal”, sostuvo.
Así agregó que no puede dejarse de tener en cuenta “la inoportunidad del dictado de la norma en pleno desarrollo del proceso eleccionario para la renovación de autoridades”.
Una ordenanza que busca transparencia
Según fundamenta la iniciativa, en la actualidad la Ley Provincial V-0714-2010 prevé este tipo de disposiciones y significa un antecedente. Ahora la ordenanza hará lo propio en el ámbito de la ciudad de San Luis.
La letra dispone la realización de acciones entre los entre los funcionarios salientes y entrantes, que detallen “un correcto cambio de gestión”.
Estos parámetros mínimos para el normal desenvolvimiento de la función pública, resultan de informes y declaraciones sobre las principales características que demandan especial atención, tratamiento y continuidad a mediano o largo plazo.
Todo esto se señaló con el objetivo de “brindar transparencia y seguridad jurídica a la gestión entrante”.
De acuerdo a lo formulado, los informes previstos deben presentarse en el Concejo Deliberante con no menos de 10 días hábiles de anticipación a la fecha que expiran sus cargos y deberán contener información precisa sobre el estado de las finanzas, estado de la infraestructura, políticas ambientales, culturales, sanitarias, educativas, laborales, el cumplimiento de pactos, convenios, reclamaciones e intimaciones judiciales, etc.
Las mismas deben presentarse por escrito, con certificación de escribano público y para quienes no cumplimenten la ordenanza (en la totalidad del espectro legal), se establecía la “falta grave” con la correspondencia de la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
Para la circunstancia de que se omita la entrega de documentación referida a los apartados que especifican las políticas públicas (ambientales, culturales, sanitarias, etc.), el cumplimiento de contratos, reclamaciones judiciales y el estado de las secretarías del Ejecutivo; la sanción será la inhabilitación por el término de 1 año.
Ahora la comisión de Legislación de reunirá la semana próxima para tratar el proyecto vetado. Los concejales de San Luis Unido tratarán de reunir los votos necesarios para insistir en la ordenanza. De salir su despacho, se tratará el 31 de octubre.