La Justicia alejó a una madre de sus hijos; la ministra Spinuzza y su marido en el medio del caso

La mujer vive con su hija en Córdoba hace 5 años, y el pasado fin de semana del 12 de octubre la rutina le cambió sin darle un respiro. Su hijo mayor reside en esta provincia con Campos Amat y Spinuzza hace poco más de un año, luego de un acuerdo al que llegaron los padres. Como otras veces, la mamá de los chicos decidió viajar a San Luis para que la pequeña pudiera compartir unos días con su papá y su hermano.

Campos Amat está casado con la actual ministra de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza. Ambos fueron protagonistas de un video en el que reconocían experiencias con la droga en Amsterdam. En ese momento la funcionaria era la ministra de la Educación de toda la provincia. En medio del escándalo, el gobernador Alberto Rodríguez Saá le dio su protección pública durante un acto en el Salón Blanco; la alejó del ministerio y luego de un tiempo la puso en otra cartera. Hoy sigue siendo una funcionaria de primera línea.

El padre de sus hijos y Spinuzza compartieron fotos en la redes sociales para expresar la alegría de tener, ahora, a los dos menores en la casa.

La madre, que está radicada en Córdoba por su trabajo y sus estudios en arquitectura, dialogó con elchorrillero.com y contó en detalle lo que pasó y lo que está viviendo desde hace dos semanas.

Ella y su hija iban a partir el lunes, pero el hombre le pidió que dejara a la nena un día más “porque estaba disfrutando mucho”; entonces, según resaltó la madre, accedió “para evitar conflictos”.

“Cuando estábamos por regresar al otro día y poder retomar nuestras actividades en la ciudad de Córdoba, me entero que el papá había tomado la decisión de dejarse la nena, y me impide mantener todo tipo de contacto con ella. Se presenta en la Justicia y hace una serie de declaraciones en mi contra, cuestionando mi modo de ser con los chicos”, contó la mamá en la entrevista que ofreció a este medio.

Apuntó que hubo “falsas acusaciones” del marido de Spinuzza y que deberá “comprobarlas”.

Ese día Campos Amat le comunicó que la menor quería quedarse a vivir con él, y que Toledo Anziano debía presentarse ante una jueza de menores, a las 8 del día siguiente, y que por eso tenía una “restricción” para salir del territorio.

Solo en algunas horas la mujer se asesoró y decidió asistir: “No entendía nada, la traje de buena voluntad y nos volvíamos el martes. Tengo entendido que en un caso de existir algún hecho de gravedad o que la nena corra riesgo la Justicia debe actuar, pero también entiendo que si me citan debo ser notificada; no recibí nada formal, lo hizo el padre a través de whatsapp”.

Ese día, en el juzgado de Daniela Ivana Benenatti, le tomaron una declaración y le hicieron pericias psicológicas sin el patrocinio de ningún letrado. “Le pedí a la jueza más tiempo para asesorarme, saber de qué me acusaban y por qué estas medidas, pero me lo negó. Me encontré con un expediente reservado y con que ese mismo a mi hija la habían peritado, que ya había declarado y el papá también”, contó.

Entre otras cosas, Toledo Anziano fundamenta que para resolver estos conflictos relativos a derechos de niños, niñas y adolescentes debe tenerse presente el “centro de vida” (un concepto tomado del art. 3° de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes -Adla; LXV-E, 4635) a la hora de designar un juez competente.

En este sentido y bajo estas normas legales, la madre sostiene que las actuaciones deben desarrollarse en Córdoba. “No se desconocen los derechos del padre de querer vivir con sus hijos, es totalmente normal, ambos tenemos los mismos derechos. Pero hay un modo de proceder que en esta situación ha sido totalmente vulnerado; se han manejado las cosas de una manera insólita. No entiendo por qué motivo, pero con una velocidad extrema, en menos de 24 horas se hizo todo”, reflexionó.

“Esperábamos que la jueza apelara a su incompetencia jurisdiccional, era lo más lógico y derivara el caso con la gravedad que requería a un juez de Córdoba, que es nuestro centro de vida. Falta un mes y medio para que terminen las clases y mi hija de un día para otro quedó sin colegio, faltando a sus obligaciones, sin ninguna preparación”, sostuvo.

La resolución final se conoció este viernes: la jueza otorgó la tenencia al padre (por 60) días y le ordenó que en el término de diez días escolarizara a su hija. Este último dato terminó de acrecentarle las dudas a la madre sobre un correcto accionar de la Justicia puntana: “Resulta que dos días antes difunden por las redes una foto de mi hija con el uniforme de la escuela ¿Cómo sabía él, qué certezas tenía de que iban a dejarla? Dos días antes ya estaba asistiendo a una escuela”.

"Quiero recuperar a mis hijos y que se proceda como corresponde. Lo estoy haciendo por ellos dos", dijo al final la mujer que ya designó abogada especialista en temas de familia.