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Se postergó el tratamiento del veto de Ponce al protocolo de traspaso de gestión

El Concejo Deliberante devolvió el decreto a comisión para “generar consenso” e insistir con la norma.

Se postergó el tratamiento del veto de Ponce al protocolo de traspaso de gestión.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 31/10/2019 20:56
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El tratamiento del veto que realizó el intendente Enrique Ponce al Protocolo de Traspaso de Gestión Municipal se postergó en la sesión de este jueves.

Es así que el cuerpo legislativo decidió que regrese a la Comisión de Legislación e Interpretación por unanimidad para que sea discutido nuevamente.

El objetivo de la norma es regular el cambio de autoridades y “brindar transparencia y seguridad jurídica a la gestión entrante” a través de la presentación de informes.

La legislación fue vetada por el jefe comunal el jueves 17 mediante el decreto N° 1586-SLyT-2019.

Según la intendencia, contaba con una serie de aspectos técnicos y legales que “irrumpían con la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Provincial”. En por eso que consideraron una “intervención” en la independencia de los poderes.

Además hizo hincapié que “se genera una extralimitación” de las facultades legislativas.

Lo cierto es que la ordenanza fue impulsada por el Frente San Luis Unido para garantizar una rendición ante el recambio de funcionarios.

En 2011 al asumir su primer mandato el actual intendente se quejó públicamente porque su antecesora Alicia Lemme no fue prolija en la rendición de la gestión.

El concejal Javier Suarez Ortíz (SLU) propuso devolver el proyecto debido a que no se contaba con los votos necesarios para el tratamiento en el recinto.

Sostuvo que la aplicación “mejorará la calidad institucional del municipio” y que el próximo intendente “contará con las herramientas necesarias para que pueda llevar adelante la gestión”.

“Lamentablemente que no se trate se puede considerar como un palo en la rueda para avanzar con una ordenanza tan importante”, afirmó.

En este sentido apuntó al bloque San Luis Somos Todos que representa al intendente Ponce en la legislatura municipal: “Ellos mismos han denunciado situaciones de falta de transparencia en su momento”.

“Tenemos que ser serios. Logremos el consenso. Afuera del recinto está pero cuando lo discutimos aquí, ya no”, señaló.

Federico Cacace del bloque San Luis Somos Todos sostuvo que el proyecto “está siendo utilizado por la proximidad de las elecciones”.

“Debemos modificarlo (el artículo 4º), en el caso de hacerlo acompañaremos la medida pero no puede quedar redactado tal como está actualmente. No hay apuro, hay 30 días para sacarla”, manifestó.

En ese punto establece que ante el incumplimiento del protocolo por parte de algún funcionario del Ejecutivo Municipal, el Concejo puede sancionar con dos años para ejercer la función pública, con una mayoría simple.

Por su parte, Celeste Aparicio (SLU) consideró que “es el momento para sacar la ordenanza” ya que fue presentada hace más de un año. Además criticó a Ponce: “Mientras se había enviado el veto, hacía una conferencia sobre transparencia, justo el intendente que se queja de las gestiones anteriores”.

“Es inexplicable que no podamos insistir. No podemos esperar cuatro años. Tratemos de lograr un consenso aunque sea luego de las próximas elecciones”, indicó.

Domingo Cabrera (Unidad Justicialista), por su parte, dijo que el tratamiento “se politizó”.

De esta manera, la semana que viene los ediles se reunirán nuevamente para llegar a un acuerdo. En el caso de conseguirlo, podría tratarse el próximo jueves, tres días antes de los comicios.

Qué dice la ordenanza

Entre los fundamentos se encuentra la realización de diferentes acciones entre funcionarios del gobierno entrante y saliente para “un correcto cambio de gestión”.

Se deben comunicar informes al Concejo sobre el estado de las finanzas, infraestructura, políticas ambientales, culturales, sanitarias, educativas, laborales, el cumplimiento de pactos, convenios, reclamaciones e intimaciones judiciales, etc.

Además prohíbe el nombramiento de personal en el último tramo de los mandatos.

Todo con un plazo de 10 días hábiles de anticipación a la fecha que expiran sus cargos, se debe presentar por escrito con certificación de escribano público.

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