“Picco figura sin antecedentes por una omisión del Poder Judicial, no significa que esté limpio“

Hace poco más de una semana, el dirigente que se postula por la fuerza que lidera el actual intendente, Enrique Ponce se vio envuelto en un conflicto luego de que saliera a la luz una condena a dos años y medio de prisión.

Fue por eso que el periodista Francisco Daniel Quiroga impugnó su candidatura a jefe comunal de la ciudad de San Luis. “Se encuentra inhabilitado por las causales de inhabilidad moral”, argumentó en la presentación que realizó ante el Tribunal Electoral Municipal (TEM).

Luego de analizar la requisitoria y la documental, el TEM decidió ratificar la postulación del referente de San Luis Somos Todos. Se consideró que la medida debió efectuarse cuando se presentó para participar de las elecciones municipales, el 21 de septiembre, o por "otras vías".

Por otra parte, tuvieron en cuenta el certificado del Registro Nacional de las Personas (Renaper) con fecha de octubre según el cual Picco "no registra antecedentes penales".

Desde el Tribunal también transmitieron a El Chorrillero que la condena a dos años y medio de prisión en suspenso, según el Código Penal "a los cuatro años queda cumplida si no se comete un nuevo delito".

"El candidato presenta el certificado de buena conducta como que no tiene antecedentes, pero por una omisión del Poder Judicial que no dio cumplimiento a una orden dada por la Cámara en el año 2015. Están hablando sin conocimiento alguno", planteó al respecto Silvia Celi, quien protagonizó la denuncia contra el actual secretario de Infraestructura e integrantes de su familia.

20 años atrás, Picco, su padre y sus hermanos decidieron contratar a Celi como patrocinadora para tramitar la sucesión testamentaria de una tía de la familia, Amelia López. Cuando finalizó el trámite surgieron los inconvenientes debido a que se negaron a pagar los honorarios de la abogada por considerar que era "una estafa". Además, la acusaron de falsificar firmas.

Celi decidió denunciar a la familia por el delito de “tentativa de estafa” en los fueros Civil y Penal. La causa recayó en el juzgado del actual camarista, Jorge Sabaini Zapata. El 11 de septiembre del 2001 fueron procesados y luego condenados a dos años y medio a prisión en suspenso por el juez de Sentencia, Carlos Varela.

La letrada explicó que Picco "figura sin antecedentes porque al extraviarse el expediente (en el 2015) se atrasó el trámite, pero fueron condenados. El último recurso incluso es del año 2017 y perdieron todos los recursos que interpusieron, motivo por el cual la condena está más que firme".

"Reitero, por una omisión del Poder Judicial no se registró donde debía hacerse, tal cual se ordenó. No significa que Picco esté limpio", insistió en declaraciones a El Chorrillero.

En este sentido, cuestionó a la vocal del TEM, Martha Corvalán, quien además integra el Superior Tribunal de Justicia. "Es la primera que debió solicitar las actuaciones con el simple hecho de apretar una tecla", añadió.

A su vez, aseveró que en el sistema judicial aparecen "todos los movimientos y sentencias" contra Picco. "Dice expresamente cuáles son las razones por las que no se inscribió el antecedente, lo que no quiere decir que no exista", mencionó.

Durante la campaña de las elecciones del 10 de noviembre, Picco quedó pegado en varios hechos polémicos. Hace unas semanas el Gobierno municipal bajó la orden a trabajadores de que sacaron los carteles de Gastón Hissa (San Luis Unido) y Sergio Tamayo (Unidad Justicialista de Todos).

Después encabezó un acto de adjudicación de terrenos de Granja La Amalia, en medio de la veda impuesta por el TEM. Y finalmente estuvo ausente a la hora de coordinar para poder realizar el debate de candidatos y que los vecinos pudieran conocer sus propuestas.