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Piden informes al Gobierno por el funcionario de Tamayo encargado de la empresa que dejó sin viajes a egresados

Mauro Lucero no solo es el representante local de la empresa Wayla Turismo que quebró y que dejó en San Luis a cientos de estudiantes, sino que además es funcionario del ministerio de Turismo.

El ministro Sergio Tamayo y el jefe de Área, Mauro Lucero.
por El Chorrillero / San Luis
Actualizada: 07/11/2019 01:14
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Tras conocerse el problema en el que quedó involucrado el funcionario provincial, el diputado Ricardo Chavez (Frente Juntos por la Gente-Junín) presentó ayer un pedido de informe para que el Gobierno informe sobre la responsabilidad del Lucero y planteó que es “claro el doble rol y la incompatibilidad entre la tarea que cumple como funcionario público y la delegación de la empresa”

Lucero es jefe del Área Coordinación con el Sector Privado y tomó protagonismo en las últimas horas cuando los padres de los estudiantes denunciaron que fueron estafados y expusieron el caso ante la opinión pública. Y este miércoles reclamaron en la puerta de la oficina de la compañía, pero nadie los atendió.

El caso se da justo en un momento especial para Lucero, porque el ministro Sergio Tamayo que lo promovió al cargo está en plena campaña electoral como candidato a intendente por el Frente Justicialista de Todos.

Según informaron algunos padres, Lucero quiso llevar una reunión para abordar el conflicto para la semana próxima.

Inicialmente se intentó despegar a Tamayo del caso que involucra a un funcionario de su cartera.

En medio del conflicto que afecta a decenas de egresados de varias escuelas, Chavez formalizó la solicitud que busca respuestas del ministerio de Turismo. Quiere que saber sobre “la doble función” del funcionario.

En primer lugar se pretende saber si Lucero “ha participado como funcionario en la habilitación, permiso o cualquier otra evaluación correspondiente al cargo que ocupa en relación a la actividad de la Empresa Wayla Turismo” en San Luis. Y también qué “acciones se realizaron desde el ministerio de Turismo, para con los damnificados en San Luis y para con la empresa”.

“Lucero debería estar defendiendo los intereses de los damnificados frente a la empresa que él mismo representa”, cuestionó Chávez.

“La función pública, a través de leyes vigentes y también por razones morales, exige de los actos y rol de los funcionarios la mayor transparencia y ética puesta al servicio de la comunidad”, expuso y sostuvo que así “debe ser para cargos electivos o designaciones en áreas de decisiones con competencia directa para contratar, obtener, gestionar o controlar esas actividades”.

Chavez consideró necesario que se informe sobre “las acciones y posición” del ministerio de Tamayo “ante la situación generada por la empresa, en custodia de los damnificados y exigencias para con Wayla que determinen la protección y asistencia de los chicos, padres y familias que se quedaron sin su viaje”.

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