La Justicia llamó a la concejal Ortiz a ratificar la denuncia contra el intendente de Quines
La legisladora deberá presentarse ante el fiscal Esteban Roche.
Por Néstor Miranda
La medida se determinó tras la presentación radicada contra el intendente de Quines, Oscar Macías a quien se lo acusa de incumplimientos en los deberes de funcionarios público y abuso de autoridad
La Fiscalía citó a la concejal María Esther Ortiz para que ratifique la presentación y ofrezca testigos u otros elementos probatorios "tendientes a acreditar sus dichos".
También aceptó las medidas de prueba que habían solicitado los abogados de Villa Mercedes que patrocinan a la concejal, Ricardo Bazla y Lucio Pereira.
La legisladora denunció al dirigente justicialista-K por la posible comisión de los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. La causa ingresó al Juzgado Penal Nº3 de la ciudad de San Luis.
La movida de Ortiz arrancó en el Concejo Deliberante que admitió la apertura del proceso de destitución y programó para el pasado 31 de octubre una sesión especial.
Sin embargo, horas antes de que comenzara, la jueza María Itatí Zudaire (que reemplaza a Virginia Palacios) hizo lugar a una medida de no innovar y frenó a los concejales.
Entre las irregularidades, se encuentran la venta de tres inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Quines que se habrían realizado “violando la normativa vigente".
El pasado 11 de abril del 2017, el Concejo Deliberante emitió una autorización mediante la ordenanza 600/17, que obligaba al intendente a realizar la operación mediante una subasta pública, pero incumplió con la medida y el 5 de mayo, "celebró un contrato de compraventa con un particular sin respetar el procedimiento impuesto por la norma dictada al efecto".
Luego, el 20 de julio confeccionó un pliego y condiciones de oferta al que los abogados de Ortiz consideraron como una "simulación".
Por otra parte, en junio de este año, Macías adquirió por compra directa, sin llamar a licitación, una máquina bloquera-adoquinera a la empresa Siamro S.R.L. por $1.290.059,88.
Además, sin contar con la autorización de los concejales, compró una motoniveladora usada, marca Richier, cuyo valor fue de $3.500.000. El pago lo abonó mediante cheques librados "contra las cuentas de la Municipalidad" en el Banco Supervielle.
También se incluyó en la denuncia la designación del hijo del jefe comuna, Lucas Macías en la secretaría de Hacienda porque “no cumple con artículo 9 de la Ley de Régimen Municipal” que establece que los funcionarios de una Municipalidad no pueden ser parientes "dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad".
Otro de los hechos que señalaron, es que desconoció la función del Concejo Deliberante. En síntesis, el intendente no respondió 40 pedidos de informes que fueron aprobados en la Legislatura Municipal desde 2016.
Por ejemplo, entre algunos requerimientos se encontraban conocer la situación del Balneario El Zapallar; la planta política; del Puente Carretero sobre avenida Córdoba; los carnavales 2016-2017; de la Fiesta Nacional del Mate y Artesanos de la Madera; la adquisición de una máquina barredora; la venta de terrenos municipales en avenida Córdoba; el organigrama de las secretarías que conforman la Municipalidad; y de la cápsula del tiempo y la placa en la "Plaza Vieja”.
Asimismo, pedidos de informe sobre el Programa de Salud comunitaria de la localidad; la licitación de Camping El Muro y El Zapallar; los funcionarios que integran el Ejecutivo Municipal; las ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante; y la modificación de la Ordenanza 504/12 relativa al Código Tarifario.