Sospechas de presiones en medio del accidente en el que está involucrado el hijo del ministro Freixes
La familia de Hugo Barroso no tiene garantías de que se haga justicia. La defensa planteó cuestionamientos que nunca fueron aclarados y en los próximos días solicitaría una seria de medidas.
Desde el primer momento los familiares del trabajador atropellado por el hijo del ministro de Producción y senador provincial (en uso de licencia), Sergio Freixes advirtieron irregularidades. Lo primero que plantearon fue abandono de persona. A Barroso, Francis Freixes y sus amigos lo dejaron tirado a un costado de la Ruta N° 188, y en Nueva Galia recién dieron aviso a la Policía.
De manera oficial solo se dijo que el conductor de la camioneta que embistió a Barroso (cuando iba a la planta de agua de Fortuna en su ciclomotor), se alejó del lugar porque no había señal telefónica. La víctima murió en el lugar. Era un trabajador municipal con 40 años de servicio. Tenía 60 años y era el hermano mayor. En el pueblo "todo el mundo lo conocía" porque entendía como nadie el funcionamiento del sistema de agua de Fortuna.
La víctima murió en el lugar. Era un trabajador municipal con 40 años de servicio.
Desde el trágico accidente, se plantearon dudas alrededor del caso. Según el abogado que patrocina a la familia de Barroso, Ricardo Bazla "no se cuidó la escena del accidente" y se intervino para “acomodar” las cosas. Se presume que hay “un contexto de protección política” que pudo haberse puesto “en movimiento entendiendo el poder” que tiene Freixes como funcionario del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Los interrogantes tienen que ver con la actitud que tuvieron los implicados en el accidente fatal y cómo procedió la Policía.
En declaraciones a El Chorrillero, Bazla planteó que tras el hecho, el intendente comisionado de Nueva Galia, Sergio Moreira, “intervino para acomodar el vehículo”.
Las dudas están centradas en que Francis Freixes (de 23 años), que viajaba con el intendente comisionado suplente electo, Claudio Luna y otros amigos más, venía de cazar jabalíes y que por lo tanto el vehículo iba cargado con armas, las cuales habrían “sido sacadas”. También, de acuerdo a la información que maneja el abogado, hay certezas de que el rodado no tenía las patentes colocadas al momento del choque y que “fueron puestas” una vez llegada a la localidad. También trascendió que la camioneta es propiedad de la hija del ministro, Diamela Freixes, actual funcionaria del Gobierno provincial y senadora electa por el Departamento Dupuy por el Frente Justicialista de Todos.
Bazla duda que el test de alcoholemia “haya dado negativo”, y de la rapidez que tuvo la Policía para emitir un comunicado e informar “sobre una prueba que solo puede brindar un magistrado”.
Acusó que la fuerza de seguridad “no preservó la escena" del hecho, y que la autopsia se realizó con una urgencia llamativa; justamente por eso ningún representante de Barroso pudo estar presente.
“Otro aspecto que hay que considerar es que existiría una quinta de Sergio Freixes con vehículos secuestrados por la Policía; los cuales en realidad deberían estar en un depósito judicial y no en una propiedad de un funcionario del Gobierno”, sostuvo.
Debido a todas las irregularidades planteadas es que Bazla solicitó el avocamiento de las actuaciones a la jueza interviniente (Mirtha Ucelay), para evitar que la Policía siga involucrada en la investigación.
En el final puntualizó que la fuerza policial “es una víctima más” de la “presión política" que ejerce la familia Freixes, "que es protegida por la familia Rodríguez Saá”.