Desde las estaciones de servicio plantean que "la presión fiscal es muy elevada”

Las empresas propietarias de estaciones de servicio definieron una agenda de 15 puntos en los que abordan los reclamos que esperan atienda el próximo Gobierno referidos a aspectos tributarios y la inclusión de una moratoria, a buscar un mecanismo de estabilización de precios de los combustibles y hasta el compromiso de abastecimiento por parte de las petroleras.

Así lo expresaron los integrantes de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (Cecha) en el marco de la reunión nacional del sector que se realizó ayer y hoy en la provincia de Neuquén, lo que incluyó una visita a instalaciones en Vaca Muerta.

Del encuentro surgió un documento presentado como "Aporte para el desarrollo de la actividad del comercio de hidrocarburos y afines", que incluye 15 puntos entre los que se destacan los referidos a la rentabilidad de las casi 5.000 estaciones de servicio que existen en el país, en su mayoría pymes con gerenciamiento familiar.

Si bien la mayoría de los planteos son viejos reclamos del sector, los estacioneros decidieron replantearlos ante la expectativa de contar a partir del 10 de diciembre con un nuevo interlocutor, y en el contexto actual de recomposición de precios de lo combustibles, tras finalizar ayer el congelamiento de 90 días.

El principal de los puntos fue el referido a la carga tributaria, sobre la cual las empresas plantearon que tanto a nivel nacional, provincial como municipal "la presión fiscal es muy elevada" al extremo que "se cobran tasas por servicios no prestados o para solventar actividades no vinculadas con el sector que actúa como agente de recaudación".

Ante esa descripción, Cecha propuso crear una mesa de trabajo para "relevar la situación fiscal del negocio de la venta minorista de combustibles" para analizar su "razonabilidad y racionalidad" y diseñar un "sistema tributario homogéneo, equitativo y transparente para aplicar a este tipo de negocios".Pero al mismo tiempo, la idea es que "se limiten y compatibilicen las facultades de establecer regímenes de retención y percepción de los tributos provinciales y tasas municipales". Informó Télam.