Diputados aprobó la adhesión de la Provincia a la Ley “Micaela”
Se dio por unanimidad. La norma contempla la capacitación en cuestión de género a todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado.
Por Guadalupe Isaguirre
La Cámara de Diputados de San Luis dio sanción definitiva este miércoles la adhesión a la Ley Nacional N° 27.499 “Micaela” de Capacitación Obligatoria en Género a quienes trabajan en la función pública, cualquiera sea su jerarquía.
La norma que ya tenía media sanción del Senado establece que será la secretaría de Estado de la Mujer #Ni Una Menos o el organismo que en el futuro la reemplace, la autoridad de aplicación. Y también deberá organizar programas de capacitación y hacer participar a todos los municipios.
Antes de que se sancionara este miércoles, la legisladora peronista Lucrecia Santos planteó: “Como mujer no puedo dejar de aprobar esta norma, porque es una de las más importantes para cualquier persona que sufra violencia en su trabajo”.
Por su parte, Sonia Delarco “lamentó” que todavía el personal del Poder Legislativo y Ejecutivo no haya sido capacitado como sí lo está realizando el Poder Judicial: “Necesitamos que se hagan para poder entender la problemática que existe actualmente, para poder abordar distintas leyes con perspectivas de género”.
La ley Micaela fue aprobada por el Senado de la Nación el 19 de diciembre de 2018, en homenaje a Micaela García, víctima de un femicidio en 2017, en Gualeguay.
Tenía 21 años y era estudiante de educación física, además era una activa participante de #Niunamenos, el lema que se difundió en todo el país en 2015 para luchar contra la violencia de género y los derechos de las mujeres. Fue reportada como desaparecida el 1 de abril de 2017, y su cuerpo fue hallado sin vida una semana más tarde.
La ley tiene como fundamento principal promover la “capacitación obligatoria" en la materia sobre género, para todas las personas que integran "los tres poderes del Estado".
Busca capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, entendido no solo como una mera elección de preferencia personal sino para dar cumplimiento a un deber que asumió Argentina tras la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Estipula que las capacitaciones de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado deberán estar a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que tienen como objetivo “elaborar políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia”.