Homicidio de Romina Aguilar: “No hay ningún móvil o prueba de que Lorenzetti encargó la muerte“
El abogado defensor, Marcos Juárez ratificó la inocencia del ex intendente de La Calera. Sostuvo que la prueba técnica dará "luz" sobre los hechos.
"Habrá que ver en el curso de juicio qué se suscita, pero desde luego que no hay ningún móvil, ni nada que nos indique que él hubiera encargado la muerte de su mujer. Estaban atravesando la mejor etapa de la pareja", aseguró el abogado Marcos Juárez, quien representa al ex intendente de La Calera, Diego Lorenzetti,
El 3 de diciembre Lorenzetti, Edivaldo de Oliveira Pereira y Cristian Leandro Vílchez comenzarán a ser juzgados por el crimen de Romina Celeste Aguilar, que ocurrió en la mañana del 30 de enero del 2016, en el Barrio Faecap, en la zona norte de la capital puntana.
Aguilar tenía 32 años cuando fue asesinada de dos disparos mientras salía de su vivienda para trasladarse a La Calera. Allí cursaba sus estudios secundarios.
Un mes después, Oliveira Pereira se entregó a la Justicia como partícipe del hecho. Responsabilizó a Vílchez de ser el autor material y a Lorenzetti como el responsable intelectual. Este último era el esposo de la víctima y el intendente comisionado de La Calera.
El abogado defensor de Lorenzetti, Marcos Juárez.
Lorenzetti enfrentará el debate oral acusado del delito de "homicidio calificado por el vínculo, por mediar promesa remuneratoria y por el uso del arma de fuego". Por esto, el fiscal de Instrucción Esteban Roche solicitó la máxima condena.
Si bien está prevista la declaración de 159 personas, el letrado sostuvo que los testigos importantes son menos de 10. "La clave es la vecina del frente que vio todo, los familiares de Romina y los policías que llevaron adelante la investigación", argumentó.
Juárez mostró su disconformidad con los casi cuatro años que transcurrieron para que se concretara el debate oral. "Como dice un famoso lema ‘tiempo que pasa, verdad que huye'", manifestó y consideró que "el proceso ha sido muy lento".
Consideró también que los dichos de Oliveira Pereira fueron los que direccionaron la causa en un 90% y afirmó que "nadie reparó que no habló como testigo".
"El imputado no tiene obligación de decir verdad. No tiene límites para mentir. Hay que tomar con pinzas esa declaración porque difama en el ejercicio de su defensa material", puntualizó.
En este sentido, subrayó que los jueces deben sujetarse a la "prueba independiente y objetiva para poder valorar la responsabilidad de una persona". Mencionó que para su defensa el “material técnico" es fundamental porque "va a echar luz sobre los hechos". "Es inmodificable y dará certezas. Es lo que se necesita en un debate", agregó.
Por otra parte, transmitió que Lorenzetti está "muy ansioso, desesperado por declarar, brindar su visión de los hechos y responder todas las preguntas".
"No es un caso difícil, no presenta mayor complejidad que un homicidio. Lo complicado es después de tres años y medio desentramar algo que se podría haber esclarecido mucho antes, si se hubieran diligenciado las pruebas técnicas que darían dado luz sobre el hecho", reflexionó.
Respecto al móvil del crimen, explicó que "en base al análisis de la prueba y constancias de la causa se trató de un intento de robo fallido que desgraciadamente terminó con la vida de Romina".
Finalmente contó que el ex intendente recibe habitualmente la visita de la familia de Aguilar. "Creen en su inocencia, piensan que está injustamente detenido y lo apoyan", resaltó.
Por su lado, Lorenzetti negó desde un primer momento haber pagado para que mataran a su esposa. Adjudicó los hechos a la familia Leyes por una disputa por la intendencia de La Calera. Incluso realizó huelgas de hambre en varias ocasiones.
La más importante fue en mayo del 2017 en rechazo a la prórroga de prisión preventiva que había dispuesto el entonces juez Sebastián Cadelago Filippi, al entenderla como “ilegal”. El reclamo se extendió a lo largo de un mes y el imputado sufrió pérdida de peso, mareos y vómitos que motivaron su traslado al Policlínico Regional.
El Tribunal encargado de juzgarlo estará conformado por Silvia Inés Aizpeolea, José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata. Como fiscal actuará Carolina Monte Riso y como secretaria, Isabel del Carmen Olguín Yurchag.