A casi cuatro años del asesinato de Romina Aguilar, este martes iniciará el juicio

Por Antonella Camargo 

Era 30 de enero del 2016, alrededor de las 6:30, le arrebataron la vida a Romina Celeste Aguilar, de 32 años. Salía de su vivienda ubicada en la manzana 78 del Barrio Faecap, en la ciudad de San Luis, para ir a cursar sus estudios secundarios del Plan de Inclusión Educativa (PIE) en La Calera. Mientras terminaba de sacar de la cochera su Renault Duster, recibió un disparo en el pecho y otro en la cabeza. Los asesinos se dieron a la fuga en una motocicleta.

Este martes y tras casi cuatro años de espera, comenzará el juicio en contra de los tres sospechosos. Leandro “El Bocón” Vílchez y el brasilero Edivaldo de Oliveira Pereira habrían sido quienes perpetraron el crimen. A ellos se suma quien era el marido de la víctima, Diego Hernán Lorenzetti, acusado de ser el autor intelectual.

Están imputados por el delito homicidio calificado por mediar promesa remuneratoria y uso de arma de fuego. A Lorenzetti se le suma como agravante el vínculo que mantenía con Aguilar. El fiscal de Instrucción en la causa, Esteban Roche solicitó la pena de prisión perpetua para todos.

Casi un mes después del hecho, el 29 de febrero Oliveira Pereira se entregó a las autoridades policiales. Un día más tarde Lorenzetti, quien era el intendente de La Calera, fue arrestado. Ese 1° de marzo, la familia de Romina había realizado una marcha en pedido de justicia, que estuvo encabezada por su marido y el hijo que tenían en común, de 16 años en ese entonces.

Según la jueza Penal, Virginia Palacios, la aprehensión de Lorenzetti se originó a partir de la testimonial de Oliveira Pereira. Éste reconoció su participación en el asesinato y aseguró que fue a "un encargo". La detención de Vilchez llegaría luego de 30 días debido a que estuvo escondido durante todo ese tiempo.

Oliveira Pereira trabajaba en ese momento como jockey de los caballos del intendente.

Desde un primer momento, el jefe comunal negó su responsabilidad, pero hubo algunas testimoniales que lo perjudicaron. “¿Para qué vas a llamar a una ambulancia si ya está muerta?”, habría dicho cuando encontró a su esposa, mientras que otras declaraciones apuntaban a que Aguilar “respiraba” antes de la llegada de los médicos.

A su vez, una vecina habría visto toda la secuencia previa a los dos disparos. Afirmó que uno de los hombres la empujaba, le decía "dale, dale", la insultaba y obligó a ponerse de rodillas. El otro se encontraba en una moto de color gris.

Lorenzetti sostiene su inocencia y responsabilizó por el crimen a su adversario político, el ex intendente de La Calera y caudillo del PJ, Alberto Leyes, de quien Aguilar sospechaba ser hija. En este sentido, también hizo referencia a una cuestión política para disputarse la comuna.

En 2013 Lorenzetti se convirtió en la novedad política porque logró desbancar a los hermanos Leyes que llevaban años al mando de la municipalidad y mantenían el control de todos los resortes del pueblo al que habían convertido en un feudo. Llegó la intendencia postulándose por el Partido Unión y Libertad (PUL), fuerza creada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Con el control del municipio asegurado, el dirigente se afianzaba como dirigente regional y avanzaba en el armado departamental del PUL que hacía base en los pueblos.

En los primeros meses tras su detención, el dirigente realizó huelgas de hambre en el Servicio Penitenciario. Primero argumentaba que era un "preso político" y más tarde que la prórroga de la prisión preventiva era “ilegal”.

Lorenzetti se sentará en el banquillo de los acusados y será defendido por Marcos Juárez y Natalia Sarmiento. Por su parte, Vílchez tendrá al abogado Jorge Sosa y Oliveira Pereira a Olga Allende e Iván Coria.

La familia de Aguilar tuvo un papel fundamental a lo largo del proceso de investigación debido a que defendieron la inocencia de Lorenzetti. Juárez precisó que lo visitan seguidamente a la cárcel y aseguran que su detención es "injusta".

El proceso oral comenzará a las 9:30 en la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y Correccional Nº 1. El Tribunal encargado de juzgarlos estará integrado por Silvia Inés Aizpeolea, José Luis Flores y Jorge Sabaini Zapata. Como fiscal actuará Carolina Monte Riso y como secretaria, Isabel del Carmen Olguín Yurchag.

La causa contó con una audiencia preliminar que se concretó en noviembre de 2018 y tuvo la participación de todas las partes con el fin de hacer los ofrecimientos de pruebas.

En ese entonces Monte Riso ofreció testimonial y material conformado por más de 300 DVD’s, informes de correos electrónicos y mensajes de celulares que fueron intervenidos. También pidió una pericia psiquiátrica y psicológica a los tres acusados.

Juárez solicitó, entre otros pedidos, que se distribuyan a las partes las copias de las imágenes que captaron los 12 domos de seguridad el 30 de enero de 2016, entre las doce de la noche y siete de la mañana, en el Barrio Faecap.

Sosa adhirió, mientras que Allende rechazó que Oliveira Pereira se sometiera a una rueda de reconocimiento por el tiempo transcurrido y la difusión de fotografías que se han realizado desde que se conoció la identidad del imputado.

Está previsto que el juicio se extienda hasta el 13 de diciembre y cuente con la declaración de 159 testigos.