El gobernador Rodríguez Saá decretó la emergencia administrativa a raíz del problema informático
Casi dos semanas después del ciberataque al Data Center, el Gobierno debió tomar finalmente medidas porque el sistema de de gestión está paralizado. Los particulares deberán aportar toda la documentación para reconstruir los expedientes.
Según el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, está alcanzada toda la administración pública centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y se extenderá por 90 días.
La emergencia administrativa del Gobierno “incluye el Data Center, los datos del sistema de gestión de expedientes digitales administrativos TRAMIX, la totalidad de resoluciones, notas, registros, antecedentes, archivos y toda información de soporte digital obrantes en la Autopista de la Información (AUI)”, consignó el decreto Nº 8571-SGG-2019 de fecha 5 de diciembre dictado en acuerdo de ministros.
El Gobierno adoptó medidas a raíz de los reclamos que se intensificaron en los últimos días por la paralización de la gestión. Desde los sectores educación, salud y proveedores, entre otros, dejaron trascender los serios problemas que se están registrando.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos que tiene bajo su jurisdicción el Data Center reconoció el 2 de diciembre que entre “el 25 de noviembre de 2019 a las 20 y el 26 de noviembre a las cuatro de la mañana”, se registró un ataque por una variedad del virus Ransomware (Ransom en inglés significa rescate, ware es de software) que “afectó la red (back end) de la infraestructura de Gobierno del Data Center, donde se encuentran todas las bases de datos”.
El Gobierno dispuso que “para la reconstrucción de expedientes administrativos, quedará a cargo de los particulares interesados aportar la totalidad de la documentación que haga a su derecho, siendo pasibles de las penalidades y acciones previstas en el Código Penal en caso de falseamiento u ocultación”.
Además se comunicó que ya se formalizó una denuncia en la Justicia Federal.
Hay una serie de interrogantes sobre los cuales todavía no hay explicaciones oficiales.
El decreto autoriza al gobernador a “autorizar la contratación directa de bienes y/o servicios cuya realización urgente resulte imprescindible y cuya tramitación ordinaria se hubiese visto impedida por el daño infringido a la base de datos”.